Esa es la magnitud del problema, según el experto en finanzas y ciberseguridad, Patricio Cortés, luego de reunirse con decenas de empresas para revisar sus estándares de seguridad.
Todos los meses en Chile se emiten alrededor de 15 mil millones de dólares en facturas, a través de 38 millones de documentos. De esa cifra, 4 mil millones de dólares forman el mercado de facturas, que se entienden como todas aquellas que se entregan como parte de financiamiento.
Cifras que hablan del tamaño de un mercado que últimamente se ha visto vulnerado por fraudes y estafas de envergaduras millonarias y que tiene a expertos trabajando en cómo prevenirlas, sobre todo considerando que en el país hay 1,5 millones de empresas habilitadas para emitir facturas de diversos tamaños.
El académico de innovación del ESE Business School de la Universidad de Los Andes y CEO y fundador de Btrust -segunda mayor plataforma de transacción de facturas en Chile- Patricio Cortés, pone en contexto estos datos: “Que el 90% de las empresas nacionales reconozcan que han sufrido vulneraciones, quiere decir que millones de dólares han estado expuestos a ser robados. Nosotros detectamos que esto le está pasando a compañías grandes, sofisticadas, con protocolos y perímetros de seguridad. Entonces la pregunta es por qué les pasa esto”.
La solución, asegura, es que las empresas accedan a las herramientas tecnológicas necesarias para evitar anomalías en sus transacciones de facturas. Una de ellas es Merlyn, plataforma que a través de la Inteligencia Artificial detecta en tiempo real y detiene operaciones sospechosas que puedan traducirse en un fraude en las transacciones de facturas.
Patricio Cortés, quien también es creador de esta herramienta entrega más detalles: “Lo que hace Merlyn es detectar cuando se realiza un procedimiento en horarios anormales. Si un supuesto gerente o director aprueba una factura a las 2 de la mañana se encienden las alarmas y se evita el fraude o la suplantación de identidad”, explica.
Funciones como las de Merlyn toman mayor importancia en el contexto actual, dado que a comienzos de septiembre comenzó a regir la nueva Ley de Delitos Económicos, la que, entre otras cosas, eleva la responsabilidad de los altos cargos de empresas que sufren fraudes si no demuestran haber contado con las herramientas necesarias para evitar la estafa. Si no quieren ser acusados de “negligencia”, una plataforma así puede ser un elemento probatorio que evite, incluso, responsabilidades penales.
Equipo Prensa
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