Lamentablemente, se ha hecho costumbre que, al comenzar a subir las temperaturas, también se da inicio a la ocurrencia de mega incendios forestales. Con el objetivo de evitarlos, expertas entregan recomendaciones a autoridades y a ciudadanos.
20 de diciembre, 2024. Las altas temperaturas no sólo nos indican la llegada del verano y, con él, de las vacaciones. Lamentablemente, en los últimos años, también son un indicador certero del inicio de la temporada de incendios.
De hecho, un informe de Naciones Unidas estima un aumento de 14% en los incendios extremos para 2030, lo que se fundamenta en factores climáticos y ambientales críticos. Silvana Espinosa, geógrafa y vocera de Greenpeace Chile, explica que entre ellos se cuenta el cambio climático, que juega un rol central al intensificar condiciones como sequías prolongadas, altas temperaturas y baja humedad relativa, que convierten la vegetación en combustible altamente inflamable. Estas condiciones no sólo prolongan la temporada de incendios, sino que los hacen más severos y difíciles de controlar.
“El cambio en el uso del suelo (por ejemplo, la deforestación para actividades industriales o inmobiliarias), reduce la humedad y elimina la cubierta vegetal que actúa como barrera natural contra el fuego. Adicionalmente, la pérdida de biodiversidad debilita los ecosistemas, haciéndolos más vulnerables al impacto de incendios”, indica Espinosa y agrega que, si no se toman medidas urgentes, “el incremento de incendios extremos podría volverse más pronunciado”.
En este sentido, Gabriela Azócar, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, considera que Chile ha mejorado en varios aspectos su capacidad de respuesta y preparación gracias a una mayor disponibilidad de recursos y decretos de emergencia preventiva: “El presupuesto en la materia se ha incrementado progresiva y sustantivamente desde lo ocurrido con el Megaincendio de 2017, con un histórico aumento del 47% para el Plan de Incendios Forestales 2023-2024 de CONAF”, asegura Azócar.
La experta del CR2 añade que, en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía (aquellas que han sido más impactadas por estos eventos) se ha logrado una mejor coordinación local y colaboración con actores privados, como empresas forestales, y también se han desarrollado otros avances normativos en esta materia, como, por ejemplo, planes locales de emergencia, decretos que establecen estados preventivos de emergencia y planes específicos por variables de riesgo. “Sin embargo, persisten desafíos clave, como invertir más en programas de preparación y prevención y avanzar en el diseño de planes de evacuación específicos para zonas de interfaz urbano-forestal”, destaca la investigadora.
Recomendaciones para evitar la ocurrencia de incendios
Es por todo lo anterior que urge contar con una normativa que sea capaz de regular la prevención y el combate de los incendios en el país. Al respecto, Espinosa declara: “Desde Greenpeace hemos alertado la urgencia de contar con una ley que proteja de manera efectiva las zonas de interfaz urbano-rural, que son las que revisten mayor riesgo en materia de ocurrencia de incendios forestales, y que incorpore zonas de amortiguación que eviten su rápida propagación y permitan controlarlos. El Ejecutivo está empujando un proyecto de ley que avanza en esta materia, que está desde marzo en manos de la Comisión de Agricultura del Senado, pero no está avanzando con la celeridad que se requiere porque nuestras autoridades no le están dando prioridad a su tramitación».
La investigadora del CR2 coincide con la importancia de contar con una regulación en la materia, considerando que el 99% de los incendios forestales están vinculados a acciones humanas. “Actualmente, las normativas en discusión, como la Ley de Prevención de Incendios Forestales, se enfocan principalmente en regular predios, delimitar y normar las zonas de interfaz urbano-forestal, lo cual es muy necesario. Sin embargo, existe un vacío significativo en cuanto a la posibilidad de generar programas específicos de preparación y prevención dirigidos a personas y comunidades”, declara, complementando que son necesarias sanciones más rigurosas para empresas y personas que provoquen incendios, o sean negligentes y realicen prácticas riesgosas que contribuyan al riesgo de ignición.
Mientras contamos con una normativa a la altura del desafío, según Azócar los gobiernos locales deben fomentar la participación de las comunidades en el desarrollo de planes locales de prevención y emergencia dado que son ellas las que mejor conocen sus territorios. “Otras medidas son mantener zonas de interfaz libres de material inflamable y coordinarse con empresas eléctricas para reducir riesgos asociados al tendido eléctrico. Su rol en la alerta temprana y en la generación de confianza hacia la información oficial es muy importante”, comenta.
La geógrafa de Greenpeace añade que tanto el gobierno como el Estado en su conjunto debiesen generar más iniciativas que permitan, por una parte, educar a la ciudadanía y, por otra, que los territorios dispongan de más recursos para poder prevenir y combatir los incendios. “No basta con destinar más recursos al combate de los incendios, por sobre todo se requiere trabajar con fuerza en la prevención, y eso implica dirigir más recursos para educar y para fiscalizar”, asevera.
Ambas expertas concuerdan en que la colaboración de personas y comunidades también es fundamental en esta materia, evitando prácticas que tengan un alto riesgo de incendios, como arrojar cigarrillos encendidos, hacer fogatas o asados en lugares públicos (que no disponen de las condiciones idóneas) y no gestionar correctamente el material inflamable, entre otras.
“Los ciudadanos estamos llamados a colaborar en la prevención, a denunciar malas prácticas y a educarnos en cómo responder rápidamente ante la ocurrencia de incendios; pero también debemos confiar en las autoridades y en las alertas que estas establezcan para evitar que, ante un incendio, nuestras vidas estén en riesgo”, puntualiza Espinosa.
Equipo Prensa
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