Chile posee alrededor de 14.7 millones de hectáreas de bosque nativo, el cual alberga en 19.5% de su superficie total a ecosistemas vitales para la naturaleza y el ser humano. Sin embargo, más del 70% de este bosque se encuentra en predios de propiedad privada, lo que pone en tela de juicio las acciones de conservación que están ejerciendo los propietarios en la protección de la biodiversidad del país.

En la actualidad, existe el Derecho Real de Conservación (DRC), permitiendo que los dueños de estos terrenos conserven la biodiversidad de forma voluntaria. Esta herramienta legal impone un gravamen ambiental que se anexa a la propiedad y este regula las actividades que pueden realizarse con el fin de proteger parte de su ecosistema.

Además, según información de Transsa Consultores Inmobiliarios el DRC debe celebrarse mediante escritura pública, la cual, además, servirá como título para requerir la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces correspondiente, en donde, las partes deberán acordar al menos una de las siguientes prohibiciones, restricciones u obligaciones:

Restricción o prohibición de destinar el inmueble a uno o más determinados fines inmobiliarios, comerciales, turísticos, industriales, de explotación agrícola, forestales o de otro tipo.
Obligación de hacerse cargo o de contratar servicios para la mantención, limpieza, descontaminación, reparación, resguardo, administración o uso y aprovechamiento racionales del bien raíz.
Obligación de ejecutar o supervisar un plan de manejo acordado en el contrato constitutivo, con miras al uso y aprovechamiento racionales de los recursos naturales del inmueble gravado, dentro del marco de un uso sostenible de los mismos.

Camilo González, gerente de operaciones de Genau Green, menciona que “esta ley representa un avance significativo en la legislación ambiental en Chile, al restringir prácticas que históricamente han degradado los ecosistemas”, como lo son los megaproyectos inmobiliarios u otras intervenciones estructurales.

Así también, la Ley de Bosque Nativo, promulgada en el 2008, se ha presentado como un recurso de protección, a pesar de sus desafíos al ser implementada en la actualidad; los cuales han producido una ejecución gradual por la necesidad de mayores recursos financieros y la conciliación de intereses entre conservación y propiedad privada.

Es así, como en materia legislativa, si bien, se han integrado grandes avances, “las zonas protegidas dentro del mundo privado son una preocupación real, ya que son millones de hectáreas las que deben seguir protegiéndose”, según González.

El ecosistema chileno es considerado por ser muy rico, en cuanto a biodiversidad, pues van desde grandes mamíferos como el puma y el huemul, hasta miles de especies de invertebrados y microorganismos, los que son importantes para mantener la integridad de estos bosques nativos.

Según Camilo González, gerente de operaciones de Genau Green, es fundamental que los propietarios adopten un papel activo en la protección y gestión de estos espacios naturales, como lo hacen en la actualidad mediante la inversión sostenible en diversos proyectos de conservación, los cuales, se encuentran principalmente en la región de Ñuble y de Los Lagos.

También, se evidencia que a nivel nacional “existen varias iniciativas privadas de conservación en desarrollo, pero aún queda mucho espacio vacío, por lo que es necesario innovar en nuevas formas de relacionarnos con el medio natural”, afirma González.

De esta forma, podemos evidenciar como la conservación recae en cada uno de los propietarios privados, en donde tienen la posibilidad de convertirse en verdaderos guardianes de la naturaleza. Debido a que sus acciones conscientes, junto con el uso de herramientas legales, pueden llegar a asegurar que la biodiversidad chilena continúe siendo un tesoro que perdure para las futuras generaciones.

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