Tercera Misión
- La EMRA -que será presentada el próximo 5 de octubre en las Ruinas de Huanchaca- busca que la región sea un modelo de participación indígena y civil en la gobernanza minera, para asegurar que ésta refleje mayor bienestar hacia las comunidades.
Un mayor bienestar para la Región de Antofagasta, construido a base de un sector minero competitivo y ambientalmente responsable. Esa es la visión propuesta en el documento oficial de la Estrategia Minera Regional (EMRA) 2023-2050, que para esta nueva Misión incluyó una actualización en su nombre original.
El trabajo fue elaborado bajo el acuerdo del Gobierno Regional de Antofagasta en cooperación con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), junto al Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte (IPP UCN).
La EMRA explicita que las comunidades donde se desarrolla la minería en la Antofagasta continúan rezagadas en varias dimensiones del bienestar, por lo que se requieren mayores esfuerzos para ofrecer oportunidades de desarrollo a nivel local. No obstante, también se deja en claro que la industria seguirá desempeñando un papel estratégico para la Región y el país, de allí la necesidad de generar un trabajo amplio y de largo plazo para beneficio de todos los actores.
GRANDES ACUERDOS
La Estrategia está construida a base de 20 propuestas de acuerdos regionales a los que el Gobierno Regional llegó después de sostener más de 50 reuniones presenciales y virtuales, grupos de discusión y asambleas con la sociedad civil, las comunidades indígenas, mineras, empresas locales, la academia y los gobiernos locales.
Las 20 propuestas se distribuyen sobre la base de cuatro dimensiones: la ambiental, la social, económica y la institucional.
En la primera dimensión se distinguen la transición para una minería más sustentable; la reducción del uso de agua continental; la transición energética para un mayor uso de energías renovables e hidrógeno solar; una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero; entre otros objetivos.
Andrés Sanabria, analista de la Unidad de Política Regional y Rural de la OCDE, dijo que ahora será fundamental contar con el apoyo del gobierno nacional para poner muchas de las iniciativas en marcha, porque es clave. “Nos dimos cuenta que se requiere un apoyo constante de las agencias descentralizadas nacionales que están en la región, por ejemplo, las seremis”, explicó.
En el caso de la Dimensión Social se encuentran la educación de calidad para desarrollar oportunidades; la contribución al desarrollo de ciudades atractivas; el aumento de la participación laboral femenina en la industria minera y un aumento de participación del empleo local en la industria entre otros.
CAMINO DE DIÁLOGO
Respecto a la Dimensión Económica, destaca el compromiso regional por una minería competitiva e innovadora con estándares de clase mundial; fortalecer la participación de proveedores locales en la cadena de valor de la minería; desarrollar la logística e infraestructura común y fortalecer las alianzas con universidades locales.
Finalmente, en la Dimensión Institucional, los cuatro puntos a trabajar serán el desarrollo de una institucionalidad regional sólida y coordinada; el fortalecimiento de recursos y capacidades en el ámbito público regional; de capacidades para el desarrollo de bienes públicos y de la institucionalidad para la innovación y la productividad.
“El camino es firmar el acuerdo y finalmente tener una institucionalidad que vaya haciendo seguimiento a los compromisos, que tanto las compañías, como las comunidades, la academia y el sector público, podemos generar en conjunto”, detalló el gobernador Ricardo Díaz.
Equipo Prensa
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