La normativa fue promulgada este lunes por el Presidente, Gabriel Boric, y presenta “un cambio sustancial” respecto de los delitos, según las socias de la firma Carmen Gloria del Valle y Astrid Schudeck.
Santiago, 7 de agosto de 2023 – Este lunes, el Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgó la «Ley de Delitos Económicos y Medioambientales», luego que en mayo pasado esta fuese aprobada por el Congreso.
Según explican Carmen Gloria del Valle y Astrid Schudeck, socias de PwC Chile, este proyecto presenta “un cambio sustancial” respecto de los delitos, ya que consideran diferentes cuerpos jurídicos con normativas que están asociadas a distintos ámbitos, industrias, tamaños y actividades de una empresa, por los cuales se puede atribuir responsabilidad de su cometido a la persona jurídica y a la persona natural.
El objetivo de este cambio es “contar con un sistema penal que aplique penas ejemplificadoras a quienes atenten contra los esfuerzos de desarrollar una cultura ética, responsable y transparente en los negocios”, sostienen las especialistas.
En ese contexto, agregan, se establecen cambios a los requerimientos del modelo de prevención establecido en la Ley 20.393, entre los cuales destacan:
Delitos aplicables: se han adherido aproximadamente 240 delitos clasificados en cuatro categorías.
Aseguramiento externo: se deben ejecutar evaluaciones por terceros independientes para verificar la efectividad del modelo.
Responsables de la aplicación del modelo: se establece la designación de uno o más sujetos responsables de la gestión del modelo.
Supervisión directa a la persona jurídica: nueva sanción en la que el tribunal puede intervenir a una entidad imponiendo una supervisión directa dentro de la organización.
Los nuevos delitos establecidos en esta nueva legislación corresponden en su mayoría a normativas ya existentes, pero que han sido incorporadas dentro del marco de la responsabilidad de la persona jurídica y de la persona natural en el ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa.
Con respecto a las penas que se pueden aplicar en caso de ser condenados por la comisión de un delito, Del Valle y Schudeck mencionan que si se trata de una persona jurídica, las penas asociadas pueden incluir la extinción de la persona jurídica, la inhabilitación para contratar con el Estado; pérdida de beneficios fiscales y la prohibición de recibirlos; supervisión de la persona jurídica; multas; comiso de ganancias y publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.
Mientras que las penas asociadas a una persona natural son: remisión condicional, reclusión parcial en domicilio, reclusión parcial en establecimiento especial, multas, comiso de ganancias y cárcel efectiva.
“En este escenario, las empresas deben afrontar nuevos desafíos y robustecer su sistema de prevención definiendo nuevos roles; asignando medios y facultades a los responsables para la generación de una correcta gestión, conociendo y analizando los diferentes procesos de negocio para identificar los riesgos asociados a la comisión de estos delitos incorporados en el marco de la Responsabilidad penal de persona jurídica y natural, generar actividades de prevención efectivas y mantener un monitoreo continuo”, afirmaron las socias de PwC Chile.
“Como PwC, creemos que estos cambios generan la oportunidad para que las empresas públicas y privadas revisen su sistema de gestión de riesgos, más allá del cumplimiento legal, sino con una mirada enfocada en la mejora del ambiente de control y prevención a todo tipo de riesgos existentes en la organización”, finalizaron.
Equipo Prensa
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