Por Cristina Fritz, cofundadora de Digital Exp

La promulgación de la Ley de Protección de Datos Personales en Chile ha marcado un hito fundamental en la regulación de la privacidad digital, un tema que, en la era de la transformación digital, está más vigente que nunca. Mientras la digitalización de nuestras vidas continúa avanzando a un ritmo vertiginoso, la pregunta clave es: ¿están realmente las empresas preparadas para proteger los datos personales de los consumidores, y son conscientes de las implicancias legales y sociales de no hacerlo?

En un entorno donde las tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial (IA) y el Big Data permiten a las empresas ofrecer experiencias personalizadas e innovadoras, también surgen riesgos latentes relacionados con la seguridad de la información. La protección de los datos personales se convierte no solo en una cuestión legal, sino también ética. Y aquí radica el desafío: la legislación por sí sola no es suficiente para garantizar la privacidad de los usuarios, al igual que la tecnología no se explica sola. Las empresas deben ser conscientes de su responsabilidad, no solo frente a los reguladores, sino también frente a sus clientes.

La Ley de Protección de Datos Personales no solo impone nuevas obligaciones, sino que redefine la responsabilidad de las empresas. A partir de su promulgación, las compañías deberán implementar medidas para proteger los datos personales y, si no lo logran, se enfrentarán a sanciones severas, que incluyen multas millonarias y daños a su reputación. Este es un cambio significativo, ya que antes se pensaba que la protección de los datos recaía principalmente en el consumidor. Ahora, con la nueva ley, las empresas deben tomar las riendas del cumplimiento.

Las organizaciones, especialmente aquellas que están en el centro de la transformación digital, deben ir más allá de la mera adopción de tecnologías. No basta con utilizar herramientas avanzadas; es crucial que implementen sistemas de protección robustos, capaces de gestionar las vulnerabilidades y evitar filtraciones. En este sentido, la creación de un delegado de protección de datos dentro de las empresas, como propone la ley, es una medida que puede marcar la diferencia. Este delegado debe ser el responsable de velar por el cumplimiento de la ley y actuar proactivamente para prevenir cualquier tipo de infracción.

Un punto que merece atención es el impacto de esta ley sobre las startups y emprendedores. Si bien la protección de los datos personales es esencial, las nuevas regulaciones pueden resultar en un desafío insostenible para muchas empresas emergentes, que aún no cuentan con los recursos suficientes para implementar una infraestructura de cumplimiento. De este modo, podríamos estar creando una brecha entre grandes corporaciones y pequeñas empresas, limitando su capacidad de competir e innovar.

Es imperativo que el Estado y los reguladores trabajen en conjunto con las startups para desarrollar soluciones que no solo garanticen la seguridad de los datos, sino que también permitan la innovación. La clave está en encontrar un equilibrio: no se debe sacrificar la privacidad ni la protección de los derechos de los usuarios, pero tampoco se debe poner en peligro el dinamismo y la creatividad del ecosistema emprendedor.

En la misma línea, la IA y los sistemas automáticos de toma de decisiones representan otro desafío significativo. La falta de transparencia en la forma en que los algoritmos analizan y procesan los datos puede dar lugar a sesgos, discriminación y resultados injustos. La ley de protección de datos también debe adaptarse a estas nuevas realidades, exigiendo transparencia y responsabilidad en los algoritmos utilizados por las empresas, especialmente cuando se trata de procesos como la contratación de personal o la selección de clientes.

Las empresas tienen una oportunidad única de integrar principios éticos en el diseño de sus tecnologías, creando soluciones inclusivas que no solo protejan los datos, sino que también respeten los derechos fundamentales de todas las personas. La inclusión de la mujer en el diseño tecnológico, por ejemplo, es esencial para evitar que los sistemas reproduzcan y amplifiquen desigualdades sociales existentes.

En definitiva, la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile es un paso necesario para garantizar la privacidad y seguridad en un mundo digitalizado. Sin embargo, es fundamental que las empresas comprendan que la ley no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad para fortalecer su relación con los consumidores, cimentada en la confianza.

Es hora de que las empresas tomen responsabilidad de la seguridad de los datos, no solo por el riesgo legal y financiero, sino porque este es el camino para construir relaciones sólidas y duraderas con los usuarios. En el corazón de la transformación digital debe estar el respeto por los derechos de las personas, y la protección de sus datos es la primera barrera de defensa.

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