Nueva Ley Delitos Económicos: Estudio de abogados advierte respecto a mayor exigencia normativa y el riesgo reputacional para las empresas en Chile
A partir de septiembre de 2024, la Ley N° 21.595 ha redefinido la regulación de los delitos económicos en Chile, ampliando el catálogo de delitos aplicables a personas jurídicas y endureciendo las sanciones para quienes participen en su comisión. Esta normativa obliga a las empresas a fortalecer significativamente sus modelos de prevención y cumplimiento normativo para evitar sanciones legales y daños reputacionales.
Frente a los distintos casos que han salido a la luz pública en los últimos meses ligados a delitos “de cuello y corbata” en nuestro país, el estudio de abogados “García Parot”, firma que se especializa en los casos de Compliance, advirtió respecto a las consecuencias que puede conllevar el no sumarse a las nuevas exigencias que establece la legislación.
Casos recientes como Factop, Sartor y la colusión en casinos ilustran el impacto devastador que pueden tener las malas prácticas en la imagen corporativa. El incumplimiento normativo no solo expone a las empresas a consecuencias legales severas, sino que también genera desconfianza en inversionistas, clientes, reguladores y la opinión pública, poniendo en riesgo la continuidad operativa y la proyección comercial.
“El «Caso Factop» evidenció cómo irregularidades en la emisión de facturas pueden deteriorar rápidamente la credibilidad empresarial. La arista LarrainVial de este caso refuerza la necesidad de establecer controles específicos para la administración responsable de fondos y relaciones comerciales estratégicas. Asimismo, la investigación sobre Sartor, vinculada a posibles desviaciones de fondos, ha subrayado la importancia de garantizar la transparencia total en la información entregada al mercado”, señaló Nicolás García Lorca, socio de García Parot Abogados y especialista en el área de Compliance.
En la misma línea, el jurista experto en este tipo de delitos aclaró que “el caso de la colusión de casinos ha puesto en evidencia los efectos inmediatos de los acuerdos anticompetitivos, con impactos tangibles como la pérdida de confianza del mercado y la caída del valor de las acciones de las empresas involucradas. Frente a este nuevo escenario, resulta indispensable que las organizaciones implementen sistemas de compliance robustos que fomenten una cultura corporativa ética. Esto incluye el compromiso de la alta dirección, la difusión de políticas internas, la existencia de canales de denuncia confiables y un monitoreo continuo”.
Finalmente, García indicó que “si bien la Ley N° 21.595 plantea un desafío significativo, también representa una oportunidad para que las empresas refuercen sus prácticas de integridad y cumplimiento, fortaleciendo la confianza de sus stakeholders. En un mercado cada vez más regulado y exigente, gestionar adecuadamente el riesgo reputacional derivado de los delitos económicos se ha convertido en una obligación estratégica para garantizar la sostenibilidad empresarial”.
Equipo Prensa
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