Estimado Director:

En los últimos doce meses, los plazos de pago a proveedores del sector público y privado han mejorado, pero siguen existiendo grandes desafíos, especialmente en lo que respecta a los municipios donde promediaron una diferencia de 42,1 días entre la fecha de emisión de las facturas y la fecha real de pago. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) dependen de un flujo de caja saludable para cumplir con sus obligaciones fiscales, pagar sueldos e impuestos. El no cumplimiento de los plazos de pago acordados por parte de los proveedores afectan directamente su liquidez, obligándolas a incurrir en gastos de mora por no poder cumplir con sus obligaciones en los tiempos pactados con sus fuentes de financiamiento.

De hecho, muchos proveedores se ven obligados a flexibilizar sus exigencias para no perder contratos ni vínculos con los ejecutores, aunque esto implique postergar sus propios pagos. Esta situación, a largo plazo, puede desencadenar una crisis que amenace la supervivencia de las pymes, que ya enfrentan una presión constante por «cuadrar su flujo» de caja. En este contexto, el respeto a los plazos de pago no es solo una cuestión de eficiencia administrativa, sino una necesidad urgente para evitar problemas mayores.

Es imperativo que los plazos pactados se respeten y se establezcan mecanismos de control claros para que las pymes puedan seguir operando con estabilidad.

Francisco Goycoolea, Gerente comercial de CFC Capital. 

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