La reciente polémica en torno a la resistencia de algunos notarios al uso de la firma electrónica avanzada (FEA) para certificar documentos legales, refleja una postura que va en contra del progreso y de los intereses de la ciudadanía. La objeción, basada en la idea de que la digitalización y la firma electrónica “afectarían gravemente” su labor y disminuirían sus ingresos, no solo es una defensa de intereses particulares, sino un freno al avance de la modernización que ya está presente en numerosos países y sectores del mundo privado.
La firma electrónica no es una tecnología experimental ni de dudosa validez. De hecho, está respaldada por la ley 19.799, así como por los estándares internacionales de seguridad más exigentes. La FEA garantiza la validez jurídica de los documentos firmados digitalmente, con un proceso de verificación que asegura la identidad de las partes involucradas y que el contenido del documento no ha sido alterado. Los avances en tecnología de identificación digital han logrado que la firma electrónica sea tan segura como la firma física, sin los costos adicionales y las barreras logísticas de tener que acudir a una notaría presencial.
Lejos de lo que algunos notarios defienden como un “lucrativo” modelo de negocio basado en la presencialidad, el uso de la firma electrónica ha demostrado ser un modelo eficiente y accesible para las personas. En el mundo privado, la firma electrónica ya se utiliza con éxito, reduciendo costos y tiempos de tramitación, mejorando la eficiencia operativa. Las empresas y sus colaboradores, proveedores y clientes se benefician de la simplificación de los trámites, que se realizan de manera más rápida, económica y accesible. Restringir el uso de estas tecnologías en el sector notarial es un obstáculo para una modernización que beneficia a todos. Basta con imaginar lo eficiente que sería firmar un simple finiquito laboral con firma electrónica, en lugar de hacer que los trabajadores tengan que ir a una notaría.
Es comprensible que algunas partes del gremio notarial teman por la disminución de su papel tradicional. Sin embargo, el argumento de que la digitalización disminuirá la importancia de los notarios es erróneo. Esta resistencia está desactualizada y fuera de lugar: es hora de que el gremio notarial abrace la transformación digital y de que los ciudadanos dejen de ser quienes paguen las consecuencias de la resistencia al progreso. La transformación digital no amenaza su labor, sino que les ofrece una oportunidad para adaptarse y seguir siendo relevantes en un mundo cada vez más digital. En lugar de resistirse, los notarios deberían ver la firma electrónica como una oportunidad para mejorar la calidad de su servicio, reducir los costos para los ciudadanos y adaptarse a las nuevas necesidades del siglo XXI.
Daniel Guerrero N.
CEO RUBRIKA
Equipo Prensa
Portal Innova
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