- El adelanto de las rentas vitalicias podría generar un escenario muy complejo para las compañías de seguros que caerían en insolvencia.
En los próximos días se sabrá si se aprueba o rechaza el proyecto del cuarto retiro de fondos de pensión que ya pasó por la Cámara de Diputados y la Comisión de Constitución del Senado. Ahora sólo falta la votación en la Cámara Alta, que debería realizarse antes del jueves 14 de octubre.
En el debate en torno a un cuarto retiro del 10% de fondos de las AFP se ha tomado la agenda nacional, siendo uno de los temas de mayor interés en la opinión pública. Existen argumentos que apuntan sus consecuencias tanto para los propios pensionados y cotizantes como para las arcas fiscales. Además, este retiro, al igual que el tercero, contempla las rentas vitalicias, que son administradas por las compañías de seguros y que son unas de las opciones de pensión al igual que el retiro programado, que ofrecen las Administradoras de Fondos de Pensión.
En este contexto, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó sobre una potencial pérdida de un 60% del patrimonio (US$ 2.894 millones) de las aseguradoras y advirtió que hasta nueve aseguradoras podrían caer en insolvencia por un nuevo anticipo de rentas vitalicias, lo que generaría el mayor riesgo de crisis financiera que haya enfrentado nuestro sistema en los últimos 35 años. Desde la consultora y auditora EY comparten esta perspectiva sobre las consecuencias del retiro.
“Sin importar el tamaño, todas las compañías que ofrecen rentas vitalicias se verían afectadas por este nuevo retiro si se aprueba tal y como está formulado. El principal efecto sería en términos de solvencia, debido a que parte de este retiro estaría a cargo del patrimonio de las compañías. A diferencia del anterior en lugar de ser un adelanto sería más bien un préstamo. En el anterior la persona solicitaba una cantidad de dinero que se descontada del monto de las reservas técnicas y el monto de la pensión se reducía en el mismo porcentaje de lo que se había retirado. Este nuevo proyecto establece como base de cálculo la prima originalmente traspasada y limita la reducción de la pensión a un 5% como máximo. Esto implica que las aseguradoras tendrán que poner de su patrimonio para cubrir el pago de futuras pensiones”, comenta Valeska Castro, gerente senior de la Industria Financiera de EY.
Desde EY indican que las compañías con carteras más antiguas se verán mucho más afectadas y es porque gran parte de la prima recibida ya se ha consumido. Básicamente debido a que ya se han pagado un gran número de pensiones, las que además fueron calculadas en base a tablas de mortalidad menos largas y, por ende, las compañías proyectaban que se pagarían pensiones por menos tiempo, considerando las menores expectativas de vida de las personas que existían.
En esta misma línea, los expertos argumentan que las aseguradoras probablemente tengan que desembolsar más dinero del que tiene ahorrado el pensionado en su instrumento de renta vitalicia. “Es probable que existan casos en el que el monto de retiro a solicitar sea mayor al monto de la reserva técnica. Por lo tanto, el saldo remanente para el pago de las pensiones futuras de las pólizas más antiguas sería más bajo que el de carteras más recientes, lo que eventualmente requeriría de aporte por parte de la aseguradora para el pago del resto de las pensiones”, enfatiza Rogerio Galveas, socio de Consultoría en Seguros de EY.
Por último, otra situación compleja que adelantan desde EY es la devolución de los montos retirados que contempla la legislación, considerando que la edad de los asegurados de las pólizas más antiguas sería un desafío realizar la devolución del dinero sacado, tal como se estipula en el nuevo proyecto, en el que las compañías pueden recuperar el monto del retiro otorgado.
Equipo Prensa
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