Todas las actividades económicas dependen en mayor o menor medida del apoyo y la cobertura del seguro para llevar adelante sus actividades y lograr sus objetivos de protección, crecimiento y desarrollo. Es impensable la existencia de un solo día sin seguros en el mundo ya que miles de actividades cotidianas no podrían realizarse y muchas personas no podrían subsistir sin el respaldo del seguro y sus productos derivados.
Las aseguradoras de vida cumplen un rol fundamental protegiendo a la población a través de sus coberturas, otorgando tranquilidad y respaldo económico a las personas que no tiene precio. Adicionalmente, éstas participan activamente en el mercado de capitales aportando con sus fondos a las inversiones en infraestructura y al financiamiento de préstamos de largo plazo.
El desarrollo del mercado asegurador tiene un efecto positivo sobre el crecimiento económico. Un mercado asegurador solido e incluyente permite administrar los riesgos de manera eficiente y, por ende, fomenta la productividad de las empresas y hogares a través de la búsqueda de oportunidades con mayor riesgo y mayor retorno. Además, los seguros promueven el acceso a servicios básicos como la salud y reducen la vulnerabilidad de las personas. En el ámbito de la seguridad social, el sistema previsional chileno tiene como objetivo entregar pensiones a quienes hayan terminado su vida laboral activa por haber cumplido la edad legal de jubilación o por algún impedimento para continuar trabajando.
Las aseguradoras son un aliado estratégico de los gobiernos comprometidos con el progreso y la mejora permanente de sus habitantes.
En este contexto, vemos con suma preocupación la situación que vive el sector asegurador chileno a partir de la ley y el proyecto en discusión en el Congreso de la Nación, que permitió y permitirá el retiro anticipado de las rentas vitalicias.
En un sistema de rentas vitalicias, la aseguradora recibe de su asegurado el pago de una prima única, asumiendo con él un compromiso de por vida de pagarle una renta mensual determinada. En el caso chileno, se asume el compromiso de pagarle un monto mensual cierto en unidades de fomento (UF), actualizadas periódicamente en función de la variación de la inflación.
Estamos en presencia de un verdadero sistema solidario en el cual existe la garantía de pago de las rentas, asumiendo las aseguradoras los riesgos de longevidad, actualización y rentabilidad por toda la vida del asegurado. En este sistema las aseguradoras tienen técnica y legalmente, la propiedad de las reservas originadas en el pago de las primas por parte de sus asegurados.
La reforma constitucional afectó un derecho básico y fundamental como lo es el derecho de propiedad, afectando la inviolabilidad de los contratos de anualidades de una forma que no tiene precedente. En la búsqueda de soluciones oportunas a las presiones económicas provocadas por la pandemia, se ha vulnerado el estado de derecho y afectado la estabilidad del mercado de seguros y de capitales.
Los anticipos de rentas vitalicias reducirán de manera permanente las pensiones pagadas. Esto significará un impacto inmediato en los ingresos presentes y futuros de los pensionados que lo solicitaron, la mayoría de los cuales pertenecen a los segmentos más vulnerables de la población que no tienen ni tendrán otros ingresos en su etapa pasiva. Es decir, se está afectando significativamente, en el corto plazo, a quienes se pretende beneficiar.
Vemos con preocupación que, a pesar de las manifestaciones de las autoridades del Banco Central, de la Comisión para el Mercado Financiero y del Superintendente de Pensiones de Chile, se está avanzando en una nueva reforma constitucional que permitirá un nuevo anticipo de rentas vitalicias. Esta reforma tendrá un impacto significativo en la solvencia de las aseguradoras y en el mercado de capitales chileno, provocando una afectación en su estabilidad y poniendo en riesgo su misma sobrevivencia. De aprobarse este segundo proyecto en el Congreso de Chile, no solo se afectará profundamente al sector asegurador chileno, sino que generará además un funesto precedente para toda nuestra Región.
El sistema asegurador chileno, ha sido un modelo a seguir por todos los países de Latinoamérica. Su profesionalismo, su rigurosidad técnica, su seguridad jurídica y la existencia de reglas claras han marcado el camino a seguir para otros países en las últimas décadas. En este contexto, vemos con profunda inquietud que proyectos de estas características terminen vulnerando y distorsionando un sistema modelo que se ha logrado construir con mucho esfuerzo, así como el liderazgo que Chile ha mantenido en este tema en la región.
Es por ello que en defensa del sistema asegurador chileno y sobre todo, en defensa de la aplicación técnica de los preceptos que gobiernan el funcionamiento de las aseguradoras y de sus instrumentos, como es el caso de las rentas vitalicias, es que solicitamos encarecidamente a los senadores del Congreso Nacional Chileno, que no aprueben este proyecto que tienen actualmente en trámite.
Santiago de Chile 12 de octubre de 2021
Equipo Prensa
Portal Innova
