Valparaíso, 5 de agosto de 2025.- La Comisión de Pesca, Acuicultura y Recursos Marítimos de la Cámara de Diputadas y Diputados reanudó este lunes la discusión del proyecto de nueva Ley General de Pesca (Boletín N° 16.500-21). La sesión se centró en el análisis de la propuesta del Ejecutivo de avanzar en la subasta de licencias transables de cuotas de captura, como mecanismo para financiar una futura plataforma social para el sector.
La medida ha generado preocupación entre las más de 3.500 trabajadoras de la pesca industrial en la Región del Biobío, quienes advierten que la política podría tener consecuencias laborales. “Hemos logrado salir adelante, dar buena educación a nuestros hijos y mantener nuestros hogares. Y con esta ley nos dejan sin trabajo, nos preoucupa el desempleo, sobre todo el femenino”, señalaron las trabajadoras.
Según las dirigentas sindicales, el fraccionamiento de cuotas ya implementado anteriormente provocó una baja en los volúmenes de producción. A esto se suma el impacto del impuesto a las compras internacionales de jurel, que también ha afectado directamente a las empresas procesadoras “la implementación de subastas traerá el cierre de plantas y despidos masivos”, enfatizan
“Esta ley de subasta lo que hace es cerrar la empresa al quitarle producción. ¿Dónde quedaría yo si me quedo sin empleo?”, expresó Luisa Zapata Monsalves, vicepresidenta de la Asociación Gremial de Trabajadoras de Plantas de Procesos de la Industria Pesquera del Biobío y tesorera del sindicato de PacificBlu. “Más del 60% de las trabajadoras en nuestra planta son mujeres mayores de 45 años, muchas de ellas jefas de hogar, con empleos formales y negociaciones colectivas. Esta estabilidad está en riesgo”.
El debate legislativo se da en un escenario económico marcado por cifras de desempleo que, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), alcanzan un 8,9% a nivel nacional, 9% en la Región del Biobío y un 10,1% entre las mujeres.
Durante la sesión, economistas y juristas invitados destacaron que Chile es actualmente el único país miembro de la OCDE que ha implementado licitaciones en pesquerías industriales (equivalente al 15% del total), experiencia que, según indicaron, no logró los objetivos de desconcentración y terminó consolidando una mayor concentración empresarial en el sector.
Las trabajadoras, en tanto,acusan que no fueron consideradas en el diseño de la ley ni están incluidas en la plataforma social que se busca financiar. Zapata recordó que en plantas como PacificBlu, más del 60% de las trabajadoras son mujeres mayores de 45 años, muchas de ellas jefas de hogar, con baja escolaridad y que han encontrado en la industria una fuente de empleo formal, con sueldos por sobre el promedio nacional y derechos laborales negociados colectivamente.
“Llevamos más de 30 años levantando este sector. No somos informales, no pedimos bonos, no dependemos del Estado. Somos parte de la economía formal. Y con estas decisiones, simplemente nos van a dejar sin nada”, concluyó.
La Comisión de Pesca continuará recibiendo a actores del sector en las próximas sesiones, previo a la votación en particular del proyecto. Desde el Biobío, las organizaciones de trabajadoras han solicitado al Congreso detener el avance de la iniciativa en su forma actual y abrir un espacio de diálogo que incorpore sus voces y reconozca su contribución al desarrollo del sector pesquero industrial.
Equipo Prensa
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