Por Enrique Tenorio, presidente de Empresas de Servicios Financieros A.G. (EFA)
Cada ciclo electoral trae promesas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Pero el reciente sondeo realizado por PROPYME, que reunió la voz de más de 5.100 MiPymes de todo el país, deja en evidencia que las deudas con el sector no se han saldado. A semanas de la elección presidencial, el mensaje es claro: los problemas estructurales de las empresas más numerosas y generadoras de empleo de Chile siguen siendo los mismos de hace una década.
El 36 % de las MiPymes identifica el acceso al financiamiento como su principal preocupación. Le siguen la seguridad ciudadana (19 %) y el cumplimiento de la Ley de Pago a 30 Días (11 %). Nueve de cada diez encuestados exigen que el próximo gobierno priorice la fiscalización de esa ley, y casi ocho de cada diez piden una reforma tributaria que contemple explícitamente a las pequeñas y medianas empresas. Los porcentajes cambian, pero el fondo no: las MiPymes sienten que avanzan solas, que el Estado sigue ausente y que los instrumentos existentes no se adaptan a su escala ni a su urgencia.
La hipótesis que este sondeo confirma es que el financiamiento MiPyme sigue siendo el gran punto ciego de nuestras políticas públicas. Aun cuando el país ha discutido extensamente sobre productividad, equidad o innovación, el acceso al capital —esa gasolina básica para operar, invertir y crecer— continúa atrapado entre la rigidez bancaria y la falta de reconocimiento del financiamiento no bancario. Esa brecha no es técnica: es política. Y mientras no se asuma que el financiamiento alternativo es un pilar del desarrollo productivo, seguiremos repitiendo diagnósticos conocidos con resultados frustrantes.
Desde EFA, gremio que agrupa a las principales empresas de servicios financieros no bancarios del país, hemos visto de primera mano cómo el factoring, el confirming y otras herramientas han permitido que miles de MiPymes sigan operando cuando el sistema bancario no lo hace. No se trata de competir con la banca, sino de complementarla. Un ecosistema saludable necesita diversidad de fuentes de financiamiento y reglas claras para todas. Por eso, este año impulsamos la integración entre EFA y ACHEF, un paso histórico que busca fortalecer los estándares de gobernanza, transparencia y cumplimiento del sector. En conjunto, proponemos una industria más profesional, visible y confiable, capaz de conectar liquidez con productividad real.
El próximo gobierno tiene la oportunidad —y la obligación— de asumir este desafío con una mirada moderna. El financiamiento no bancario no puede seguir tratado como una “alternativa informal”, sino como parte del sistema financiero ampliado. Es tiempo de políticas públicas que incentiven su desarrollo, con garantías estatales, incentivos tributarios y programas de educación financiera que fortalezcan la formalización.
La falta de liquidez no es un problema contable: es un problema de equidad económica. Sin acceso al capital, una empresa no puede crecer, innovar ni pagar mejores salarios. No puede competir ni exportar. Y cuando las MiPymes se estancan, se estanca Chile.
En el debate electoral que se abre, los candidatos presidenciales tendrán que definir si el país seguirá mirando a las MiPymes como un eslogan o si las pondrá, de verdad, al centro del modelo de desarrollo. Los datos del sondeo PROPYME no son una encuesta más: son un recordatorio de que detrás de cada factura pendiente de emitir, o de cada crédito negado, hay un empresario que lucha por sobrevivir.
Chile no necesita más discursos de apoyo a las MiPymes. Necesita que se reconozca que, sin financiamiento justo, transparente y oportuno, no hay desarrollo inclusivo posible. Esa debería ser la promesa real del próximo gobierno: construir un país donde emprender no dependa del tamaño de la empresa, sino de la capacidad de soñar y trabajar por un futuro mejor.
Equipo Prensa
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