El gobierno debió realizar nuevas concesiones para sacar adelante su reforma al sistema de pensiones, iniciativa que cuesta unos 6.800 millones de dólares, alrededor del 1% del PIB. Si bien el proyecto de ley sería aprobado, al parecer, antes de que termine enero (para comenzar a pagar esta nueva pensión base universal de 185 mil pesos en febrero), el experto tributarista, Iván Cifuentes, llamó a estudiar con calma y en profundidad una reforma al régimen fiscal repleta de detalles y excepciones.
26 de enero de 2022 – El Congreso está a muy poco de aprobar la Pensión Garantizada Universal (PGU), por lo que, de no mediar algún inconveniente, la reforma al sistema de pensiones será una realidad a fines de enero. ¿Qué significa esto? Pues que las nuevas pensiones comenzarán a pagarse en febrero, lo que constituiría el principal legado del Presidente Sebastián Piñera.
Sin embargo, después de meses de discusiones, el gobierno y el oficialismo debieron realizar nuevas concesiones en la Comisión de Hacienda del Senado para contar con los votos que le permitieran avanzar en una tramitación no exenta de complejidades y riesgos.
Para conseguir el financiamiento del 0,95% del PIB que cuesta la reforma, oficialismo y oposición acordaron seis nuevas medidas orientadas a incrementar la recaudación, pero con el foco puesto en los sectores de mayores ingresos. Al comienzo de este camino, el gobierno ofreció eliminar y acotar, entre otras medidas, ciertas exenciones tributarias que, entre otras, favorecían a las ganancias de capital o bien a la industria de la construcción, pero estas acciones alcanzaban a financiar sólo un 0,35% del PIB. “La fórmula para financiar el resto, como ya sabemos, nunca convenció a la oposición. Ciertamente que muchos especialistas, de manera transversal, compartían estas críticas de carácter técnico”, señaló Iván Cifuentes, socio de Cifneg Consultores.
“Recordemos que se hablaba del fin de algunas exenciones, de reasignaciones por presupuestos para programas no ejecutados, o de recaudación creciente atada a proyecciones de crecimiento que parecían muy optimistas, en fin; ideas que recibieron una andanada de observaciones técnicas, sin mencionar otras críticas que tenían un componente político importante, como fue el rechazo que provocó la idea de disminuir a la mitad el aporte que debe realizar el Fisco al Fondo de Reserva de Pensiones”, agregó.
Asimismo, el Director de Cifneg Consultores comentó que, “en consecuencia, el gobierno, con tal de sacar adelante su proyecto estrella, debió allanarse a nuevas medidas. Y las que negoció con la oposición permitirían, finalmente, recaudar un 0,67% del PIB, y así poder llegar a los 6.800 millones de dólares que cuesta esta iniciativa”.
¿Cuáles son esas medidas adicionales? La primera medida es la eliminación del crédito por inversiones en activo fijo, consagrado en el artículo 33 bis de la Ley de Impuesto a la Renta (LIR), relativo a las grandes empresas, lo que recaudaría 0,01% del producto. La idea es aplicarlo a contribuyentes con promedio de ventas anuales que superen las 100.000 UF.
La segunda consiste en la homologación del tratamiento tributario de los contratos de leasing financieros a su tratamiento financiero contable. Al reconocer su realidad económica de financiamiento, la recaudación aumentaría en un 0,1% del PIB. “La idea es que el tratamiento tributario del leasing sea homólogo al tratamiento financiero contable, y comenzaría a aplicarse a los contratos celebrados a contar del 1 de enero de 2023”, señaló Cifuentes.
La tercera fuente es la eliminación del tratamiento tributario especial de los excedentes de libre disposición, situación que implicaría un 0,01% del PIB en régimen. “El gobierno se allanó a eliminar exenciones establecidos para ciertos topes, de tal modo que ahora pasarán a tributar con el Impuesto Global Complementario”, añadió.
La cuarta medida pasa por aumentar la tasa marginal de la sobretasa de impuesto territorial para el tramo más alto, que pasará de un 0,275% a un 0,425%, recaudando un 0,04% adicional del PIB.
La quinta medida, en tanto, dice relación con un nuevo impuesto a bienes de lujo, un tributo que se suma al permiso de circulación o equivalente, que implica gravar con una tasa del 2% a la propiedad de aviones, helicópteros, yates y automóviles cuya tasación fiscal no exceda los 40 millones de pesos. Esta medida pretende recaudar 0,05% del PIB. “Quedarán exentos de este impuesto los bienes de propiedad de una empresa que desarrolle actividades productivas”, aclaró Cifuentes, quien agregó que esta medida “afectará a unos 18 mil contribuyentes”.
El gobierno se negó a aplicar un royalty a la minería, tal y como lo exigía la oposición. En cambio, sí aceptó “modernizar” el sistema de concesiones mineras, aumentando el costo de patentes de exploración y explotación, incremento que permitiría recaudar un 0,11% del Producto Interno Bruto.
El proyecto de PGU tiene un costo total de 0,95% del PIB, y estas modificaciones más las exenciones consideradas anteriormente financiarían 0,67 puntos. Anteriormente, el gobierno tenía contemplado financiar 0,35 puntos del PIB mediante exenciones.
“Sería muy importante que los profesionales del área tributaria estudian cuanto antes estas medidas adicionales ya que, como sucede con toda reforma tributaria, contienen una serie de detalles que tomará tiempo asimilar, las cuales podrían generar importantes contingencia tributarias”, concluyó Iván Cifuentes.
Equipo Prensa
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