En un país expuesto de manera permanente a eventos catastróficos —como terremotos, incendios forestales, inundaciones y emergencias climáticas— la continuidad operativa de los servicios esenciales se ha transformado en una prioridad estratégica. En ese escenario, los pagos digitales han dejado de ser solo una herramienta de conveniencia para consolidarse como una verdadera infraestructura crítica para el funcionamiento de la economía y la vida cotidiana.
Esta relevancia se entiende en un escenario donde el uso de medios de pago electrónicos crece de forma sostenida. Según la cuarta edición del Informe de Sistemas de Pago (ISiP) 2025, en Chile cada persona realiza en promedio 374 pagos digitales al año, cifra que representa un aumento de 18,4% respecto de 2023, alcanzando un total de 6.391 millones de transacciones digitales en el último año móvil medido.
Durante situaciones de emergencia, la posibilidad de realizar pagos a distancia permite reducir la congestión en puntos críticos como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y centros de abastecimiento. La digitalización de los pagos permite mantener el acceso a bienes y servicios esenciales, incluso cuando la infraestructura física o la movilidad de las personas se ve afectada.
“En escenarios de crisis, los pagos digitales cumplen un rol fundamental para asegurar el acceso a bienes y servicios básicos. No se trata solo de tecnología, sino de continuidad operativa y apoyo directo a las personas cuando más lo necesitan”, señala Carlos Molineiro, Country Manager de Kushki Chile, primer adquirente no bancario del país.
La evidencia muestra que este cambio ya es percibido por el comercio. De acuerdo con la Primera encuesta nacional de uso y preferencias de medios de pago en comercios y servicios, realizada por ChilePay y la Cámara Nacional de Comercio, más del 80% de los comercios considera que aceptar pagos electrónicos es clave para competir, mientras que un 84% reconoce que estos sistemas mejoran la eficiencia contable y financiera de los negocios. Sin embargo, el estudio también reveló desafíos relevantes desde la perspectiva de la resiliencia del sistema. Cerca de un 38% de los comercios reporta problemas de conectividad que afectan la operación de los pagos electrónicos, cifra que supera el 50% en algunos rubros intensivos en atención presencial.
En este contexto, la multiadquirencia cobra especial relevancia como un mecanismo de resiliencia del sistema de pagos, especialmente frente a escenarios de catástrofe. Operar con más de un adquirente permite a los comercios contar con rutas alternativas para procesar pagos electrónicos, reduciendo la dependencia de un único proveedor y aumentando la probabilidad de continuidad operativa ante eventuales fallas técnicas, bloqueos o sobrecargas del sistema.
“Para los comercios y los servicios esenciales, la multiadquirencia funciona como una capa adicional de seguridad. Permite seguir operando incluso si uno de los actores del ecosistema presenta problemas, algo crítico cuando la demanda aumenta o en una emergencia como cuando el contexto exige máxima disponibilidad”, agrega Molineiro.
Chile presenta condiciones especialmente favorables para este desarrollo. El país se posiciona como el segundo más bancarizado de la región, después de Brasil, lo que refleja un alto nivel de inclusión financiera y una base sólida para la adopción masiva de medios de pago digitales. Esta realidad ha permitido que transferencias electrónicas, pagos con tarjetas, billeteras digitales y códigos QR formen parte del día a día de millones de personas.
En un contexto de crisis recurrentes, los pagos digitales ya no son solo una innovación tecnológica, sino una pieza estructural del ecosistema de servicios esenciales. Su fortalecimiento y expansión aparecen como un desafío clave para avanzar hacia una economía más resiliente, inclusiva y preparada para enfrentar las emergencias del futuro.

























