Felipe Miranda, country manager Logisfashion Chile
Este lunes 20 de abril, los camioneros de la Región de Valparaíso se movilizarán en la Ruta 68. No es un conflicto aislado: los camioneros de Tarapacá ya anunciaron paralización y las federaciones del Centro-Sur advierten que están al límite. Muchos leerán esto como un pulso entre gremios y gobierno. Yo lo leo como una señal que nos afecta a todos.
El 26 de marzo, el precio del diésel subió 61% de golpe, sumando 580 pesos por litro a la estructura de costos del transporte de carga en Chile. El 16 de abril se aplicó una nueva alza de 36 pesos, elevando el sobrecosto acumulado a 616 pesos por litro en poco más de tres semanas. Para quien conduce un camión, eso es devastador: según el presidente de Fedequinta, Iván Mateluna, un viaje a Santiago cuesta hoy cien mil pesos más que antes del 26 de marzo. La Federación de Camioneros (Fedecam) Centro-Sur advierte que el 20% de la flota ya dejó de circular, no como medida de presión, sino por insolvencia: operadores pequeños y medianos que simplemente ya no pueden costear un viaje. La proyección del gremio es que, con esta nueva alza, la cifra llegue al 30%. Pero para quien compra en un supermercado, recibe un pedido en su casa o lleva a su hijo al médico, las consecuencias no son menos reales: se trasladan inevitablemente al precio de lo que consumimos todos los días.
La mayor parte de los bienes que circulan en Chile lo hacen por carretera. Todo lo que está en una góndola, en una farmacia o en un centro de distribución llegó ahí en camión. No hay aplicación de delivery, cadena de retail ni operación de e-commerce que funcione sin transporte de carga. Cuando el costo logístico sube abruptamente, alguien paga la diferencia. Y ese alguien, tarde o temprano, es el ciudadano.
Lo más preocupante no es solo el alza en sí misma. Es la forma en que golpea a una industria que ya operaba con márgenes ajustados, en un contexto de costos crecientes y demanda incierta. Un transportista mediano no tiene colchón financiero para absorber un shock de esta magnitud durante semanas. Y cuando los operadores pequeños y medianos se ven forzados a detener su operación, la concentración aumenta, la competencia disminuye y la cadena de suministro se vuelve más frágil para todos.
El problema de fondo es estructural: hoy en Chile no existe un mecanismo que permita absorber de forma ordenada las variaciones del precio del combustible a lo largo de la cadena logística. Cuando el diésel se dispara como ha ocurrido estas últimas semanas, no hay un marco común que entregue certidumbre a todos los actores -transportistas, generadores de carga, operadores logísticos- y cada shock externo se convierte en un problema improvisado, que termina afectando a toda la cadena y encareciendo lo que llega al consumidor final.
Desde el sector logístico operamos en un segmento donde los plazos y la trazabilidad no admiten improvisación. Sabemos que la eficiencia logística se construye sobre costos predecibles. Cuando esa previsibilidad se rompe de forma abrupta, no hay tecnología ni optimización que lo compense. Lo que se rompe no es solo una hoja de cálculo: se rompe la confianza de toda la cadena.
Lo que Chile necesita no es solo apagar este incendio. Necesita dejar de improvisar cada vez que el precio del combustible se mueve. España lo entendió hace más de una década: desde 2009, su Ley del Contrato de Transporte Terrestre estableció un mecanismo de revisión del precio del transporte en función de la variación del combustible. En 2022, con el alza provocada por la invasión rusa de Ucrania, ese mecanismo se fortaleció para dar mayor certidumbre al sector.
Y cuando la crisis de Medio Oriente volvió a presionar los precios este año, España no improvisó: el pasado 14 de abril, mediante un decreto, actualizó nuevamente la fórmula de cálculo para responder con mayor precisión a escenarios de alta volatilidad. Y lo hizo de la mano del sector: la norma fue fruto de un proceso de diálogo y acuerdo con el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Eso es institucionalidad logística. No un subsidio, ni un parche, ni una imposición sobre ninguno de los actores: un sistema construido entre todos para responder con flexibilidad y agilidad cuando el mundo se sacude.
La cadena logística de un país no es solo transporte: es infraestructura crítica. Es la red invisible que sostiene el abastecimiento, la distribución y el acceso a bienes esenciales de millones de personas. Cuando esa infraestructura se fragiliza, no quiebra solo un gremio: se encarece la vida cotidiana de todos.
El transporte de carga no pide privilegios. Pide un sistema capaz de moverse tan rápido como se mueven los mercados. Nadie puede predecir una guerra. Pero sí se puede construir una institucionalidad que no nos tome por sorpresa cada vez que ocurre una.
Sin eso, cada shock externo seguirá llegando al mismo lugar: a la cuenta del supermercado, al costo del despacho y al bolsillo de cada familia chilena.
Equipo Prensa
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