- Cada vez que el debate sobre la jibia vuelve a instalarse en la agenda pública, suele plantearse como una discusión técnica sobre métodos de captura. Sin embargo, reducir el problema a esa dimensión es mirar solo una parte de la realidad. Detrás de esa conversación también está en juego el empleo, la actividad industrial y el futuro productivo de regiones como el Biobío.
La pesca y el procesamiento de productos del mar han sido, por décadas, una de las bases del desarrollo regional. No se trata únicamente de barcos o plantas procesadoras. En torno a esta actividad se ha construido una cadena productiva que involucra trabajadores, servicios logísticos, transporte, comercio exterior y múltiples pequeñas empresas que encuentran en este sector una fuente de trabajo y estabilidad.
Por eso, cuando se discuten cambios regulatorios que afectan la captura de la jibia, el impacto trasciende lo estrictamente pesquero. Lo que se define en estas discusiones también repercute en la continuidad de una industria que sostiene miles de empleos formales y que aporta valor agregado desde las regiones hacia los mercados internacionales.
Durante los últimos años el sector ha debido adaptarse a un escenario particularmente exigente. A los cambios regulatorios se han sumado mayores exigencias ambientales y una competencia global cada vez más intensa. En ese contexto, cualquier decisión pública debe considerar tanto la sostenibilidad del recurso como los efectos sociales y económicos que se generan en los territorios.
La industria procesadora del Biobío forma parte de un ecosistema productivo que rara vez aparece completo en el debate público. Cuando una planta reduce su operación o pierde abastecimiento, la señal se transmite rápidamente hacia toda la cadena: transporte, proveedores, servicios y empleos indirectos que dependen de esa actividad.
A ello se suma un factor que muchas veces queda fuera de la discusión nacional. Mientras Chile restringe parte relevante de su capacidad industrial, grandes flotas extranjeras continúan operando en el Pacífico Sur con niveles de captura considerablemente mayores. Esa realidad abre una pregunta legítima sobre cómo el país resguarda su capacidad productiva, el valor agregado que genera su industria y el empleo que depende de ella.
El desafío, entonces, no está en enfrentar sostenibilidad con desarrollo. El verdadero desafío es avanzar hacia regulaciones modernas que permitan compatibilizar la protección de los recursos marinos con la continuidad de una actividad económica que es parte de la identidad productiva de varias regiones del país.
El Biobío tiene historia, infraestructura y capital humano vinculado al mar. Cuidar esa capacidad también es cuidar empleo, desarrollo territorial y oportunidades para las próximas generaciones.
Porque cuando se discute sobre la jibia, en realidad también se está discutiendo sobre trabajo, comunidades y futuro regional.
Equipo Prensa
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