La mirada económica chilena hacia el norte de la frontera suele estar teñida de una constante dualidad: por un lado, la sana competencia por el liderazgo del Pacífico Sur; por el otro, el pragmatismo de un mercado que alberga miles de millones de dólares en inversiones de capitales chilenos. Ante el próximo escenario electoral en Perú, la pregunta sobre si a Chile le conviene un triunfo de la derecha o de la izquierda no debe responderse desde la ideología, sino desde la métrica que realmente mueve la aguja de los negocios: la predictibilidad jurídica y la capacidad de co-innovación regional.
Históricamente, los sectores corporativos y de capital de riesgo en Chile han visto con mejores ojos los liderazgos de centroderecha en Lima. La razón es simple: continuidad de las reglas del juego, respeto a las concesiones de infraestructura y un ecosistema pro-mercado. No es un secreto que gran parte del «milagro agroexportador» peruano en valles como Olmos o Chavimochic se ha consolidado gracias a audaces inyecciones de capitales chilenos que, empujados por la crisis hídrica local, migraron al norte para diversificar sus matrices productivas. Para este contingente de empresas y para el retail consolidado allá, un gobierno pro-mercado en Perú es sinónimo de un patrimonio resguardado y de un mercado de consumo dinámico.
Sin embargo, el análisis técnico nos obliga a observar una paradoja: cuando Perú ha atravesado periodos de fuerte ruido político o giros hacia propuestas de izquierda radical, el mercado chileno suele operar como un «refugio de capitales». La inversión minera global y los fondos institucionales que prefieren no arriesgarse ante la incertidumbre de reformas constitucionales o agrarias en ese país, terminan por enfocarse en la estabilidad de Chile.
Pero celebrar la inestabilidad del vecino es una estrategia de corto alcance y con un techo muy bajo. Hoy, la competitividad ya no se mide solo en quién atrae el próximo proyecto minero, sino en cómo nos integramos a las nuevas autopistas logísticas globales globales. El caso del mega puerto de Chancay es el mejor ejemplo de esto.
Más allá de la legítima alerta que encendió en la infraestructura portuaria chilena, la realidad de 2026 nos demuestra que Chancay no es un muro, sino un puente. Los puertos del norte de Chile (Arica e Iquique) ya están articulando rutas alimentadoras (feeders) para conectar la producción minera y agrícola local con este nodo operado por Cosco Shipping, reduciendo drásticamente los tiempos de tránsito hacia el Asia-Pacífico. Un Perú sumido en una crisis institucional profunda o en una parálisis regulatoria frena el desarrollo de las zonas de actividades logísticas y las conexiones terrestres que Chile necesita para que esa megaestructura funcione a favor de toda la región.
La verdadera ventaja que Perú está sacando en términos de negocios no es el resultado del color político de su gobierno de turno, sino de una agresiva política de permisología ágil, menores costos de energía y agua en su costa, y una cartera minera que se mueve a un ritmo más veloz que la burocracia local chilena.
A Chile no le conviene un Perú ideologizado en los extremos, sea cual sea el signo. Lo que el ecosistema de innovación, los tomadores de decisiones y las empresas B2B chilenas necesitan es un socio comercial predecible. Un Perú estable, con reglas claras y certidumbre jurídica, no solo protege las inversiones de las empresas chilenas instaladas allá, sino que eleva la vara competitiva de la región. El desafío para Chile no es mirar quién gana en Lima, sino acelerar con urgencia nuestras propias reformas estructurales y de infraestructura para seguir siendo un actor relevante en el tablero global.
Equipo Prensa
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