El 28 de noviembre del año pasado entró en vigor en Chile la Ley N° 21.659, marcando un hito histórico al modernizar y profesionalizar el sector de la seguridad privada. Para este año 2026, las empresas ya enfrentan el desafío de adaptarse a las nuevas exigencias y plazos establecidos por la normativa.
El nuevo rol de la Subsecretaría de Prevención del Delito
Uno de los cambios más significativos es que la Subsecretaría de Prevención del Delito asume el rol fundamental como ente regulador y fiscalizador, función que históricamente recaía de forma casi exclusiva en Carabineros. Ahora, esta entidad es la encargada de autorizar a las empresas, aprobar estudios de seguridad, administrar el Registro de Seguridad Privada y sancionar infracciones.
Clasificación por Niveles de Riesgo
La ley unifica las normas dispersas y establece una categorización de las empresas obligadas en tres niveles: bajo, medio y alto riesgo.
- Riesgo Medio: Deberán contar con un estudio de seguridad aprobado por la Subsecretaría.
- Riesgo Alto: Se les exigirá implementar un Sistema de Vigilancia Privada completo, que incluye un organismo interno con jefes de seguridad, vigilantes privados armados, y recursos tecnológicos específicos.
Mayores exigencias para el personal
La profesionalización abarca a todo el personal. Los guardias de seguridad ahora deben contar como mínimo con un chaleco anticorte, seguro de vida y, en funciones de alto riesgo, cámaras corporales. Los vigilantes privados (quienes portan armas) tendrán exigencias aún mayores, y los jefes de seguridad deberán poseer un título profesional.
Plazos de adecuación 2026
Las entidades obligadas tienen un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia para presentar su primer estudio de seguridad, y un plazo de dos años para la evaluación y determinación de las medidas exigidas según su nivel de riesgo. No cumplir con estos plazos expone a las empresas a severas multas.
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