El aluvión de San Carlos de Apoquindo dejó seis personas lesionadas y daños en viviendas e infraestructura. Una estación cercana registró 10,9 mm de lluvia en apenas 30 minutos. Sin desconocer lo extraordinario del evento, debemos revisar no solo cómo estimamos las precipitaciones, sino también cómo evaluamos la respuesta de las cuencas.
No fue un episodio aislado. Entre el 15 y el 20 de julio se contabilizaron 649 reportes de emergencia de infraestructura. En agosto, las lluvias y aluviones en el Norte Grande dejaron 810 damnificados y más de 1.300 viviendas dañadas. Son fenómenos distintos que plantean una pregunta común: ¿estamos anticipando adecuadamente estos riesgos?
Los estudios hidrológicos utilizan registros históricos y métodos estadísticos para estimar eventos asociados a períodos de retorno. Debemos verificar si esas series y métodos siguen siendo representativos, incorporando nuevas observaciones, tendencias y escenarios climáticos. Pero el desafío va más allá del cambio climático. El cambio ambiental global comprende también cambios de cobertura vegetal y uso del suelo, incendios e intervenciones de cauces, que pueden modificar la respuesta de las cuencas. La eventual influencia de un incendio previo en Quebrada Honda requiere investigación antes de atribuirle un papel causal.
Tampoco basta con actualizar caudales líquidos. En quebradas precordilleranas debemos revisar las metodologías de evaluación de la susceptibilidad a generar flujos detríticos, incluida la validez de las relaciones empíricas frente a las condiciones geomorfológicas y la disponibilidad de sedimentos. Con esa información corresponde reevaluar la capacidad de protección de las obras existentes.
Aquí el MOP tiene una responsabilidad concreta. Reconocer el cambio climático en planes de adaptación no basta si las exigencias de los estudios básicos y diseños que licita no abordan con suficiente rigor el cambio ambiental global y el peligro detrítico. Es necesario revisar la normativa y los términos de referencia, y establecer programas de evaluación de infraestructura existente, priorizando las áreas con mayor población expuesta.
La respuesta a las emergencias merece reconocimiento. Tras el temporal de julio, el MOP informó que al día 26 había recuperado 223 de 697 puntos de infraestructura pública afectados. Restablecer servicios es indispensable; pero cada recuperación debiera servir también para identificar vulnerabilidades y prevenir nuevos daños. Responder bien no sustituye anticiparse.
Desde la AIC proponemos que esta revisión sea sistemática, con exigencias verificables y prioridades de inversión. La prevención comienza mucho antes de una emergencia, cuando decidimos qué estudiar, qué exigir y dónde invertir. Detrás de esas decisiones está la seguridad de las personas y sus familias.
Patricio Poblete
Presidente del Comité Hidráulico Sanitario
Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería AIC
Equipo Prensa
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