La iniciativa busca ampliar el plazo para instalar la Agencia de Protección de Datos Personales y permitir que organismos públicos y empresas se preparen para las nuevas exigencias. La discusión también puso sobre la mesa las brechas de cumplimiento y los desafíos que enfrenta el país en materia de gobernanza digital.
La implementación de la nueva Ley de Protección de Datos Personales volvió al centro del debate legislativo. El 5 de noviembre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad, en general, el proyecto del Ejecutivo que propone postergar hasta el 15 de octubre de 2027 la entrada en vigencia de la Ley 21.719.
La normativa, que regula el tratamiento y la protección de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales, tenía inicialmente fijado el inicio de su aplicación para el 1 de diciembre de 2026. La propuesta de aplazamiento busca otorgar más tiempo para instalar la nueva institucionalidad y preparar las condiciones necesarias para aplicar el nuevo marco regulatorio.
Según informó la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto se encuentra en segundo trámite constitucional, cuenta con discusión inmediata y, tras su aprobación en la Comisión de Constitución, fue remitido a la Comisión de Hacienda.
Brechas de preparación en empresas e instituciones
Uno de los antecedentes expuestos durante la sesión fue una consulta realizada a 127 organizaciones sujetas a las nuevas obligaciones. De acuerdo con lo informado por el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, el 72% de las entidades consultadas no se consideraba preparado para la fecha de entrada en vigencia que establecía la legislación. Además, un 45,7% no había implementado ninguna de las medidas de cumplimiento evaluadas.
Estas cifras reflejan uno de los principales desafíos de la transformación digital: la adaptación de los procesos internos, los sistemas tecnológicos y los mecanismos de gestión de información a estándares más exigentes de protección de datos.
La reforma tendrá efectos sobre empresas, organismos públicos y otras entidades que recopilan, almacenan, procesan o utilizan información personal. Por ello, su implementación requiere no solo adecuaciones legales, sino también capacidades técnicas, procedimientos de seguridad y criterios claros para administrar los datos.
La Agencia de Protección de Datos, otro punto pendiente
La postergación también está relacionada con las dificultades para poner en marcha la Agencia de Protección de Datos Personales y conformar su Consejo Directivo.
Durante la presentación ante la comisión, el subsecretario explicó que este año se presentaron dos propuestas al Senado para designar a los integrantes del consejo: una fue retirada y la otra rechazada. La legislación vigente no contemplaba un mecanismo específico para resolver esta situación, lo que ha dificultado completar el proceso de nombramientos.
La futura agencia tendrá un papel central en la supervisión del cumplimiento de la ley y en la aplicación de las sanciones contempladas para las infracciones. Su instalación resulta, por tanto, un componente relevante para que el nuevo régimen pueda operar con criterios institucionales y mecanismos de fiscalización definidos.
Debate sobre las sanciones y el alcance de la postergación
La discusión legislativa también abordó una propuesta para extender a empresas de todos los tamaños un régimen transitorio que permitiría aplicar únicamente amonestaciones escritas durante los primeros doce meses de vigencia de la normativa.
La indicación fue rechazada por cuatro votos contra tres. Durante el debate, el presidente de la comisión, Jaime Mulet, sostuvo que este tratamiento transitorio estaba pensado para las pequeñas empresas, considerando las dificultades que pueden enfrentar para adecuarse a una regulación de esta complejidad.
La discusión refleja una preocupación adicional: cómo establecer condiciones de cumplimiento que consideren las distintas capacidades de las organizaciones, sin debilitar el objetivo de protección de los datos personales.
Un desafío para la innovación y la economía digital
La protección de los datos personales es un componente cada vez más relevante para el desarrollo de servicios digitales, plataformas tecnológicas, comercio electrónico, inteligencia artificial y soluciones basadas en el análisis de información.
En este escenario, la Ley 21.719 representa un cambio importante en la forma en que las organizaciones deberán gestionar los datos de las personas. Su aplicación exigirá revisar prácticas de recopilación y almacenamiento de información, definir responsabilidades, fortalecer medidas de seguridad y establecer procedimientos para responder a los derechos de sus titulares.
La postergación propuesta abre un nuevo período de preparación para el sector público y privado. Sin embargo, también plantea la necesidad de que ese tiempo adicional se traduzca en avances concretos en materia de institucionalidad, regulación y capacidades tecnológicas.
Por ahora, la modificación de la fecha de entrada en vigencia continúa su tramitación legislativa. Hasta que el proyecto complete las etapas correspondientes y sea aprobado, se mantiene vigente el calendario establecido en la legislación actual.
Fuente: Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, noticia publicada el 5 de noviembre de 2026. Información complementaria sobre la iniciativa y sus fundamentos: Ministerio de Economía y Turismo.
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