La tragedia ocurrida en la Ruta de la Fruta, en la comuna de Santo Domingo, nos enfrenta a una realidad que va mucho más allá de las cifras de un accidente de tránsito. Once personas fallecieron y otras quince resultaron heridas tras una colisión entre un microbús, un camión tolva y un automóvil. Detrás de cada víctima hay una familia que debe enfrentar una pérdida inesperada, incertidumbre y, en muchos casos, dificultades económicas y laborales.
Mientras la Fiscalía investiga las circunstancias del accidente, hay una urgencia que no puede esperar: que las familias reciban información clara, orientación y apoyo oportuno para ejercer los derechos que la legislación chilena reconoce. En ese contexto, la Ley Jacinta adquiere especial relevancia.
Esta normativa, vigente desde febrero de 2026, incorporó cambios al Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y al Código del Trabajo. Son avances concretos que buscan entregar mayor protección a las personas frente a las consecuencias de una tragedia. Sin embargo, para que cumplan su propósito, es indispensable que las familias conozcan sus derechos y puedan acceder a ellos sin enfrentar una nueva carrera de obstáculos.
Uno de los principales cambios está en la cobertura del SOAP. Las pólizas contratadas a partir del 9 de febrero de 2026 contemplan una indemnización de 600 UF por fallecimiento, el doble de las 300 UF que establecían las pólizas anteriores. Además, el plazo de pago se redujo de diez a siete días, una vez presentados los antecedentes exigidos, para los seguros que cuentan con la nueva cobertura.
Esta distinción es especialmente importante en el período de transición entre ambas modalidades. Durante 2026 y hasta marzo de 2027 coexistirán pólizas antiguas y nuevas. Por eso, no todas las personas afectadas por un mismo accidente necesariamente estarán amparadas por los mismos montos. Cada familia debe conocer la fecha de contratación de la póliza del vehículo correspondiente y consultar directamente a la compañía aseguradora.
También es fundamental que reciban orientación sobre los documentos necesarios para solicitar la indemnización y sobre quiénes tienen derecho a cobrarla. La Comisión para el Mercado Financiero establece un orden legal de beneficiarios que debe respetarse. Esta información tiene que llegar a las familias de manera sencilla, sin tecnicismos y sin que deban recorrer distintas instituciones buscando respuestas.
La Ley Jacinta también incorporó una protección laboral relevante. Cuando un trabajador pierde a un hijo o hija, a su cónyuge o a su conviviente civil, cuenta con un fuero laboral de un mes desde el fallecimiento. A ello se suman los permisos pagados que contempla el Código del Trabajo: diez días corridos por la muerte de un hijo o hija y siete días corridos por la muerte del cónyuge o conviviente civil.
Estas medidas no eliminan el dolor ni resuelven todas las dificultades que enfrenta una familia después de una pérdida. Tampoco deben confundirse con los permisos que corresponden por el fallecimiento de otros familiares, como padres, madres o hermanos, para quienes existen disposiciones laborales diferentes.
Pero hay algo que no podemos perder de vista: una persona que acaba de perder a un ser querido no debería tener que convertirse en experta en seguros, legislación laboral o procedimientos administrativos para recibir la protección que le corresponde.
Por eso, la aplicación de la Ley Jacinta requiere coordinación entre las aseguradoras, las autoridades, los organismos públicos y los empleadores. Se necesita información accesible, canales de atención efectivos y acompañamiento que permita a las familias concentrarse en lo verdaderamente importante: enfrentar el duelo y cuidar a quienes sobrevivieron.
La tragedia de la Ruta de la Fruta también vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la seguridad vial y de la prevención. Los antecedentes preliminares de la investigación apuntan a que el camión habría invadido la pista contraria antes de impactar al microbús. Será la investigación la que determine las causas y eventuales responsabilidades. Pero este accidente debe recordarnos que la seguridad en nuestras carreteras exige atención permanente, fiscalización y medidas preventivas.
La Ley Jacinta nació precisamente de una tragedia familiar y de la necesidad de transformar el dolor en cambios concretos. Su verdadero valor no se mide solamente por las modificaciones que introdujo en la legislación, sino por su capacidad de responder cuando una familia enfrenta una situación límite.
Hoy, las familias de la Ruta de la Fruta necesitan algo más que condolencias. Necesitan respuestas, protección y un Estado que esté presente. Porque ninguna ley puede devolver una vida, pero sí puede evitar que quienes quedan atrás tengan que enfrentar solos las consecuencias de una tragedia.
Max Schnitzer Impulsor Ley Jacinta
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