- Con el biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis De Grange, y el BID como expositor principal, la jornada reunió a autoridades, banca e inversionistas para debatir financiamiento, permisos y gobernanza, y cerró con el «Compromiso por la Infraestructura, el crecimiento y el empleo».
Santiago, 20 de noviembre de 2026. La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) realizó este jueves, en su auditorio, el segundo Congreso Nacional de Infraestructura, organizado por sus comités de Obras de Infraestructura Pública, Concesiones y Contratistas Generales, bajo el lema «Del diagnóstico a la acción: qué hacer distinto para romper la inercia».
El presidente de la CChC, Raimundo Rencoret, abrió la jornada con un diagnóstico compartido: «Chile ya cuenta con diagnósticos exhaustivos, hojas de ruta detalladas […] y una cartera cuantificada de proyectos que el país requiere con urgencia». Advirtió que, en un entorno de mayor desempleo y estrechez fiscal, «si la inversión se frena, se paraliza el empleo y se posterga la calidad de vida de millones de personas».
Rencoret recordó que el informe Macroeconomía y Construcción (MACh 70) proyecta un alza de 5,8% de la inversión en construcción para 2027. Reconoció que la cifra «parece ser optimista», pero afirmó que es alcanzable si se cumplen condiciones básicas: avanzar en los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), potenciar la colaboración público-privada, velar por la ejecución del presupuesto público y poner en marcha las concesiones ya adjudicadas, que involucran cerca de US$ 10.000 millones. La «sexta clave», y la más fundamental, es ponerse de acuerdo para avanzar hacia metas que sirvan a una gran mayoría.
El Biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis De Grange, realizó una presentación abordando los desafíos de la cartera, asegurando que si la meta de la cartera es lograr un 100% de la ejecución presupuestaria. De Grange agregó que el desafío no es solo disponer de más presupuesto sino de “convertir cada peso en infraestructura útil, empleo y productividad”.
El Biministro sostuvo que la ejecución presupuestaria en materia de obras públicas y conectividad es fundamental. “Estamos hablando de recursos públicos que tienen un impacto social directo, que se traducen en mayor conectividad y en que un estudiante pueda llegar a su colegio o un paciente a un centro médico. Además, la ejecución de estos proyectos en las distintas regiones tiene un efecto dinamizador sobre la economía, la generación de empleo y las oportunidades de desarrollo de los territorios”.
El orador principal del Congreso de Infraestructura, Gastón Astesiano, jefe de la ventanilla única de la Asociación Público-Privada (APP) de la vicepresidencia de países del Banco Interamericano Internacional, BID, se refirió al avance de este modelo en la región de América Latina y El Caribe. En su presentación sostuvo que, si bien en la región la inversión APP crece y se diversifica, la preparación de proyectos sigue siendo el eslabón con espacio para mejorar.
En relación a Chile, Astesiano sostuvo que en los 30 años de aplicación del sistema de concesiones se ha invertido entre 1993 y 2026 más de 36 mil millones de dólares. El ejecutivo del BID sostuvo que las principales fortalezas del modelo de concesiones en Chile es contar con un panel técnico para resolver controversias, la asignación de riesgos que se ha perfeccionado con el tiempo, tener licitaciones abiertas e internacionales y contar, en definitiva, con un modelo flexible en múltiples sectores.
COMPROMISOS TRANSVERSALES
Tras la exposición del ejecutivo del BID se realizaron dos paneles enfocados en áreas específicas de la gestión de la infraestructura de obras públicas.
El primero llamado “Condiciones para agilizar la inversión: financiamiento, permisología y otros”, reunió al subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; al director del Servicio de Evaluación Ambiental, Arturo Farías; al gerente de banca inmobiliaria y concesiones de BancoEstado, Gonzalo Lorca, y al gerente de inversiones de Confuturo, Jorge Espinoza.
El segundo panel abordó la gobernanza de la infraestructura contó con el director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura Pública, Carlos Cruz; el director general de Obras Públicas, Joaquín Dagá, y el gerente general de Desarrollo País, Rodrigo Peón-Veiga. El debate apuntó a cómo construir una planificación de largo plazo que dé continuidad a los proyectos más allá de los ciclos de gobierno.
Los integrantes de ambos paneles adoptaron compromisos desde sus ámbitos de acción: Por parte del Ministerio de Obras Públicas se comprometieron a trabajar para que hacia el final del actual gobierno el país cuente con un sistema de planificación de largo plazo; ampliar y diversificar la cartera de proyectos de concesiones; reducir el tamaño de los proyectos para que las empresas locales puedan participar e impulsar un sistema de resolución de conflictos para la obra pública directa.
Los representantes del mundo financiero, por su parte, se comprometieron a avanzar en financiamiento para proyectos de infraestructura más pequeños y a comprometer recursos en proyectos regionales.
El Director del Servicio de Evaluación Ambiental, Arturo Farías, comprometió a su servicio en disminuir la tramitación de permisos en 30%.
El director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, Carlos Cruz, se comprometió a mantener una visión crítica pero propositiva ante las autoridades públicas.
En cuanto a Desarrollo País, el compromiso fue consolidar un rol articulador para generar proyectos de infraestructura, además de generar nuevos modelos de asociación público-privada para el desarrollo de proyectos.
Estos compromisos fueron destacados por el Vicepresidente Nacional de la CChC Cristóbal Paúl, quien destacó que lo conversado se convierta en hechos concretos. “Rompamos la inercia, aceleremos el paso y construyamos el Chile que necesitamos” sostuvo el líder gremial.
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