Por Cristian Montero, socio director de Adactiva

Toda buena decisión se toma a partir de una información adecuada, transparente y oportuna, que a su vez tiene como base el orden, lo que es especialmente importante en materia contable, se trate de una persona natural o jurídica.

Y es que el orden en la contabilidad permite conocer con exactitud los ingresos, egresos, patrimonio y nivel de deuda, entre otros; es decir, visualizar un completo panorama financiero para comprender en detalle la realidad económica personal y empresarial, según corresponda, cómo está avanzando y, a partir de ello, tomar decisiones inmediatas, pero también a futuro.

Todo, por cierto, cumpliendo con las obligaciones  tributarias que supone la legislación vigente, dependiendo de si se trata de una persona natural o jurídica. Es que, precisamente, este es un factor que es imposible dejar pasar, sobre todo en un país como Chile, donde el rol fiscalizador es claramente ejercido por el Servicio de Impuestos Internos.

En este sentido, es necesario recordar, además, que el 30 de junio se publicó en el Diario Oficial la obligatoriedad que tienen las entidades financieras de informar al SII los saldos y las sumas de abonos en cuentas iguales o superiores a UF 1.500 ($51.802.500, al 12 de agosto), cuando se registren movimientos diarios, semanales o mensuales equivalentes a dicho monto.

Asimismo, deben informar al organismo fiscalizador el RUT del titular o titulares de la cuenta, el controlador del titular y el beneficiario efectivo cuando corresponda. Toda la información deberá ser remitida al SII de manera anual, a más tardar dentro de los 15 primeros días del mes de marzo de cada año, respecto de los saldos y sumas de abonos efectuados en los productos e instrumentos a reportar durante el año calendario anterior.

La norma, que comenzó a regir a partir de septiembre de 2022, forma parte de la agenda anti evasión y elusión que impulsa el Ejecutivo y está en línea con los criterios que existen en varios países de la OCDE, en términos de entrega de información bancaria y financiera de los contribuyentes.

Pero la ley también apunta a otro frente: el lavado de activos y el narcotráfico, pues permitirá poner la alerta sobre aquellas transacciones o activos de procedencia ilícita, pero con apariencia de legalidad. Es en este contexto de fiscalización, al cual se incorporan estas nuevas aristas, que tener una contabilidad actualizada es esencial para estar al día con los nuevos requerimientos de la autoridad tributaria.

En esta línea, un sistema contable eficiente no solo disipa la sospecha de operaciones dudosas, también evita el riesgo de ser sujeto de multas y sanciones por parte de las autoridades. Asimismo, permite enfrentar con tranquilidad un eventual proceso inspección por parte del organismo encargado de la recaudación, fiscalización y administración tributaria de los impuestos internos del país, toda vez que se ha cumplido rigurosamente con el pago de tributos definidos por la normativa vigente.

Y, sobre todo, es la base para tomar decisiones estratégicas para el crecimiento de la empresa.

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