Por Gerardo Schudeck, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, y CEO Latam Ceptinel.
En un siglo donde muchas organizaciones públicas y privadas han asignado recursos a desarrollar la transformación digital de sus procesos en ámbitos operacionales, comerciales, de experiencia de servicios, e incluso a combatir temas relacionados a corrupción como son el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y el fraude, surge la duda del ¿por qué los municipios en Chile no se han apoyado en la tecnología para combatir la corrupción?.
Según un estudio efectuado y publicado el año 2022 por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), “la mitad de las municipalidades del país están siendo investigadas por diversos delitos de corrupción”. Según el catastro del Consejo, en 2010 ingresaron 166 asuntos, el 2015 casi se triplicaron y el 2020 se llegó a 689 procesos. Desde entonces se ha mantenido un stock de causas vigentes; muestra de ello es que en noviembre de 2021, de un total de 1.119 causas por fraude al Fisco, 260 presentaban denuncias en un universo de 345 municipalidades del país. Entre los delitos investigados se pueden encontrar: fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias.
En las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de reportajes sobre diversas denuncias de este tipo de fraudes en municipios, incluyendo prácticas tan deplorables como licitaciones fraudulentas, empresas ficticias o proyectos no ejecutados. Si bien el Estado cuenta con entidades fiscalizadoras de estos procesos, muchas veces solo auditorías posteriores detectan este tipo de delitos. Parece poco creíble que en tiempos donde la tecnología y la inteligencia artificial ganan terreno vertiginosamente, no se implementen soluciones que detecten a tiempo este tipo de irregularidades.
En una sociedad chilena, hoy preocupada por temas de seguridad ciudadana como su principal prioridad, no deberíamos dejar pasar las cifras mencionadas anteriormente, ya que los municipios son el primer eslabón que tenemos los ciudadanos con las estructuras políticas y en ese contexto, por ende, debiesen ser los primeros en entregar transparencia y probidad en sus acciones diarias.
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