Innovación y propiedad intelectual
- Abogados son cada vez más requeridos en el campo de la invención y emprendimiento. “Ayudan a garantizar el conocimiento sobre el mercado, la eventual monetización de dicho activo, las negociaciones de transferencia tecnológica y la aplicación industrial para las oportunidades de negocio”, dice experta de la UFRO.
Según el Índice Mundial de Innovación (IMI) 2022, Chile es el país más innovador de Latinoamérica y el Caribe, destacándose por sus altos índices de matrícula en educación superior y creación de nuevas empresas. El informe, elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), revela que, de los 132 países miembros, nuestro país ocupa el puesto 50 de los más innovadores, seguido de Brasil y México. Estados Unidos y Suecia lideran el listado
En el mundo, los expertos valoran y reconocen el ranking IMI; “un termómetro importante para la toma de decisiones en inversiones y otras políticas de desarrollo”, opinan en ClarketModet, el mayor grupo internacional de Propiedad Intelectual (PI) de Latinoamérica y puerta de entrada a Europa.
“Chile es un referente creativo en la región. El país es fuerte en la proliferación de proyectos en acuicultura, agroindustria y actualmente, los softwares, aunque sus principales proyectos de innovación se relacionan a invenciones mineras vinculadas con proveedores o personas que trabajan en ese rubro”, precisa la abogada Cecilia Belmar, IP Consultant de ese estudio legal.
Belmar explica que el avance de la innovación local es, en parte, producto del entendimiento de dos conceptos cruciales: la propiedad intelectual y la transferencia tecnológica. “Este es el trabajo que han venido haciendo los gestores tecnológicos, quienes desarrollan funciones acordes a la estrategia definida por una organización para dar valor y contexto de transferencia a productos y servicios derivados de la investigación y desarrollo tecnológico, por ejemplo, desde las universidades, centros de investigación, centros de formación técnica o institutos profesionales”.
En Chile, ClarkeModet trabaja hace más de 10 años con la Universidad de La Frontera y su Unidad de Transferencia Tecnológica, UTT UFRO, asesorando en registros de patentes y requerimientos de propiedad intelectual e industrial. A la fecha, la UTT ha transferido 19 licencias al sector público y privado en distintas áreas, como agropecuaria, ingeniería, medicina, humanidades y ciencias sociales; asimismo, ha generado 10 emprendimientos de base científica tecnológica en los últimos cinco años.
“Cuando la UFRO estima necesario proteger una invención, recomendamos, en principio, hacer una búsqueda del estado del arte; un informe que permite ver, a través de herramientas de inteligencia tecnológica, si existen o no soluciones similares al problema mencionado o patentes de invención solicitadas -publicadas- y/o ya concedida en Chile o en el extranjero. En caso de que se cumplan con los requisitos básicos para obtener una patente para la invención, entonces comenzamos la tarea en conjunto”, aclara la ejecutiva.
Desde la Universidad de La Frontera, por su lado, Fabiola Vásquez, coordinadora de la Unidad de Transferencia Tecnológica, comenta que, a partir de la creación de esta unidad en 2012, se fortaleció la protección de solicitudes de patentes, asimismo el ordenamiento del proceso. “El rol de los abogados como gestores tecnológicos es cada vez más apreciado y solicitado en los ecosistemas de innovación, principalmente en relación con la búsqueda de certeza jurídica respecto de la documentación pertinente relativa al activo intangible y su protección. Estos profesionales ayudan a garantizar el conocimiento sobre el mercado, la eventual monetización de dicho activo, las negociaciones de transferencia tecnológica y la posibilidad aplicación industrial para las oportunidades de negocio”, añade Vásquez.
Equipo Prensa
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