Diversos especialistas trabajaron en la propuesta que el Ejecutivo deberá revisar, para que el país pueda responder -cuanto antes- a las demandas que la tecnología impone en la era digital.
Tras nueves meses de trabajo, en los cuales numerosos actores del mundo público y privado participaron de audiencias y consultas, el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad, integrado por las subsecretarías del Interior; General de la Presidencia, de Hacienda; de Defensa; de Relaciones Exteriores; de Telecomunicaciones; de Economía y Empresas de Menor Tamaño, de Minería; y de Energía; junto a la Agencia Nacional de Inteligencia y el coordinador Nacional de Ciberseguridad, nació una propuesta de Política Nacional de Ciberseguridad.
Según el abogado Matías Rojo Picand, director de Data Legal Consulting, el documento -que debe ser revisado por el Presidente Boric para su posterior promulgación- es un insumo crítico para la era digital y el mundo globalizado en el que Chile se inserta.
En este contexto, el abogado especialista en ciberseguridad, destacó cinco aspectos clave de la propuesta. Uno de ellos es la infraestructura resiliente que se propuso. “Ésta le permitirá al país contar con información robusta para enfrentar incidentes; gestionar mejor los riesgos; y resguardar las redes y sistemas informáticos de públicos y privados, velando por la continuidad operacional de los servicios básicos. A ello obedece, por ejemplo, el despliegue de cables de fibra óptica submarinos”, sostuvo.
Otro punto fundamental de la política es el resguardo de los derechos de las personas en Internet, donde es necesario fortalecer la institucionalidad existente en ciberseguridad; pero también generar, adoptar y promover mecanismos y herramientas tecnológicas suficientes para este fin.
Igualmente, Matías Rojo Picand valoró la intención de generar una “cultura de la ciberseguridad” que considere educación, buenas prácticas, responsabilidad en el manejo de tecnologías digitales; y promoción y garantía de los derechos de las personas.
Coordinación público-privada
Además, la propuesta incluye la coordinación nacional e internacional mediante una gobernanza pública que se hará cargo de las acciones asociadas a ciberseguridad, tanto del sector público como privado. “En el ámbito internacional, el Estado se coordinará con países, organismos, instituciones y otros actores internacionales, para que podamos enfrentar de mejor manera las actividades maliciosas e incidentes en el ciberespacio”, explica el director de Data LegalConsulting.
Finalmente, el abogado destacó el fomento a la industria y la investigación científica. “El país promoverá el desarrollo de una industria de la ciberseguridad, y fomentará la focalización de la investigación científica aplicada en temas de ciberseguridad”, comentó.
Además, la nueva Política de Ciberseguridad propone un enfoque de género y pone especial atención en mujeres, niñas, niños, jóvenes, adultos mayores y disidencias sexogenéricas. En este ámbito, Matías Rojo Picand hace hincapié en la necesidad de trabajar en un modelo de colaboración donde todos los sectores, no solo la industria, contribuyan a nivel local e internacional. “Los directores de empresas jugarán un rol fundamental en la capacitación a sus colaboradores”, concluyó.
Equipo Prensa
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