Por Matías Rojo Picand, director de Data Legal Consulting

Los datos personales son activos críticos para las organizaciones, especialmente cuando sus decisiones consideran datos asociados a sus usuarios o clientes como son rut, lugar de residencia, teléfono de contacto y correo electrónico.

Con frecuencia, al pagar en caja o completar un formulario las personas dejamos información de este tipo para acumular puntos, obtener beneficios o recibir información sobre próximos eventos. Sin embargo, muchas veces estos datos son utilizados también para ofrecernos nuevos productos o servicios.

Y es que el uso y tratamiento de datos personales está a muy pocos pasos de contar con un nuevo marco legal, debido a las modificaciones propuestas a la Ley 19.628, que se publicó en 1999. De esta manera, Chile busca asegurar la efectiva protección de los derechos que garantizan la vida privada de los ciudadanos y muy pronto, el país podría contar con una agencia de protección de datos personales orientada a este fin.

Frente a la inminente aprobación de la nueva norma vinculada a la protección de datos, todas las organizaciones tendrán que acelerar el paso si aún no han establecido, claramente, los protocolos destinados a proteger a los consumidores; y a evitar infracciones a la Ley de Protección de Datos Personales, cuyas multas podrían superar los 380 millones de pesos aproximadamente.

Además, ante la violación de datos sensibles empresas de diversas industrias podrían tener un recargo de 50%, lo que elevaría la cifra a $570 millones de pesos si incurren en acciones que puedan considerarse acoso o intimidación en el contexto de un uso inadecuado de información privada.

Si bien nuestro país fue pionero en América Latina, cuando creó la Ley 19.628, muchas de las buenas intenciones se quedaron en el camino. A poco andar, Argentina siguió el ejemplo, con su propio cuerpo legal y, hoy, más de 20 años después, junto con Uruguay es la única nación de la región que no sólo adaptó la normativa al estándar europeo, sino que además se consideran adecuados por la UE para la transferencia internacional de datos.

Tal como hemos observado en Data Legal Consulting, en la era digital, marcada por el flujo de enormes caudales de información y la irrupción de nuevas tecnologías que facilitan el acceso y almacenamiento de datos personales, es urgente que Chile se actualice para poder garantizar de manera efectiva, la protección de la vida privada y el buen uso de los datos que se entregan confiando en que serán utilizados de forma adecuada.

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