Por Gerardo Schudeck, CEO LATAM Ceptinel y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias UAI
El 28 de enero se conmemora el Día Internacional de la Protección de Datos, instancia que nos invita a reflexionar en un momento en el cual las tecnologías ganan terreno y permean espacios laborales, productivos y personales. La ley de protección de datos en Chile tiene como objetivo principal garantizar el derecho a la privacidad y proteger los datos personales de las personas físicas, considerando por ende el tratamiento de datos personales realizado por todos los contribuyentes, particulares, empresas y organizaciones. La actual ley, que es del año 1999, no se hace cargo de la realidad que hoy vivimos en nuestro país y en el mundo en general.
Con la irrupción en los últimos años de las tecnologías asociadas al tratamiento y almacenamiento de la información, como lo son el Data Science, Big Data, Machine Learning, Deep Learning y la Inteligencia Artificial, entre otras; nos preguntamos ¿por qué los legisladores de este país no han sido capaces de actualizar y modernizar la ley?. Si a lo anteriormente mencionado sumamos la tendencia del aumento de ciberdelitos, los cuales buscan capturar información sensible para luego lucrar con ella, se hace aún más urgente tener un marco legal actualizado que se pueda proyectar en el largo plazo.
Ya en el año 2021, los ataques cibernéticos figuraban como el quinto riesgo más alto, afectando a organizaciones públicas y privadas. Lo cierto es que la industria del ciberdelito ha demostrado ser activa y sofisticada, aspecto que preocupa al ecosistema con la llegada por ejemplo del IOT, internet de las cosas, que anticipa que su incidencia se duplique en 2025. La modernidad no puede significar un riesgo mayor a sus beneficios, lo que nos obliga a garantizar la protección de los datos y mantener seguros a nuestros habitantes y sus instituciones.
Por el momento, sólo tenemos un proyecto de ley, del cual podemos destacar la creación de la “Agencia de Protección de Datos Personales”, que considera la existencia de un registro nacional de cumplimiento y sanciones; el incremento sustancial de las sanciones con multas de hasta 20.000 UTM; la incorporación de nuevas fuentes de licitud del tratamiento de los datos; la introducción de nuevas obligaciones para el responsable del tratamiento de los datos; y el reforzamiento de los derechos de los titulares de los datos.
Independientemente de los tiempos involucrados para la promulgación de la nueva ley, no debemos olvidar que estamos en plena recta final para la implementación de la Ley Fintec, en la que uno de los temas sensibles e importantes dice relación con el tratamiento y la protección de los datos. Las empresas de servicios tecnológicos que deben implementar dicha ley se merecen estar apoyadas por un marco legal en materia de protección de datos que sea claro, transparente y útil, el cual facilite el desarrollo de los procesos y que permita entregar tranquilidad a los usuarios de estos servicios.
Equipo Prensa
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