Con la nueva normativa, los altos cargos de empresas podrían, incluso, ir a la cárcel.

Este 01 de septiembre marcó un antes y un después en la responsabilidad penal de los directores de empresas en Chile con la entrada en vigencia de la nueva Ley de Delitos Económicos. Esta normativa amplía el número de ilícitos de la veintena que existen en la actualidad a más de 200. Entre ellos, destaca la responsabilidad penal en casos de negligencia por parte de los integrantes del directorio y gerentes de las empresas en caso de que no hayan implementado las medidas adecuadas para prevenir estafas y fraudes dentro de sus empresas.

Con este nuevo escenario, cabe la inquietud acerca de qué tan preparadas están las empresas nacionales para enfrentar la nueva normativa y qué soluciones pueden encontrar para estar preparados y no caer en las estafas que podrían terminar costándole persecuciones penales.

“Con esta nueva ley la prevención va a ser más importante que nunca, porque el costo de no prevenir puede llegar a ser infinito”, comenta Patricio Cortés, CEO y fundador de Btrust, la plataforma de seguridad que facilita las transacciones de facturas.

En esa línea, esta fintech creó Merlyn, una herramienta de Inteligencia Artificial que detecta y evita fraudes y estafas en las empresas. “Con la nueva legislación, si las compañías no se han preocupado de tener herramientas para prevenir que sean afectadas por fraudes podrían ser acusadas de negligencia y tendrían que responder ante la justicia, es decir, no sólo será un problema financiero, sino que también podría tener serias consecuencias penales para sus ejecutivos”, concluye.

Esta nueva aplicación puede transformarse en un aliado estratégico para las empresas, ya que Merlyn permite actuar en tiempo real ante cualquier irregularidad, detectando las operaciones inusuales. Esta tarea es realizada a través del uso de inteligencia artificial capaz de identificar comportamientos sospechosos en horario anormales, como la autorización de pagos de facturas a las 3 de la madrugada.

La integración de tecnologías, entonces, puede ser la clave para que directores y gerentes estén, primero, resguardados ante posibles ataques cibernéticos, y además cumplan con la nueva ley que, advierten los expertos, puede traer más de un problema a los altos cargos empresariales.

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