Jhenny Rivas, Académica Investigadora Carrera de Derecho UDLA Sede Viña del Mar
La Política Nacional de Inteligencia Artificial y el proyecto de ley sobre Inteligencia Artificial (IA) presentado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, constituyen dos importantes hitos que demuestran el interés del Estado chileno por este tema, cuyo impacto va más allá de la simple innovación tecnológica. Por el contrario, se trata de una tecnología que impacta en diversos ámbitos de la sociedad y cada vez con más intensidad.
Todos estos esfuerzos nacionales por crear un marco regulatorio para la IA pueden encontrar un valioso referente en el actual Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (UE). La aprobación de este instrumento es un hito, pues se trata de una normativa trascendental, dadas las relevantes repercusiones que hoy en día tiene para todos los ámbitos de la sociedad la aplicación de esta tecnología. Destaca la perspectiva de derechos humanos presente en esta regulación y su impacto en aspectos tanto tecnológicos como económicos.
Se enfatiza la importancia de incorporar en la futura regulación nacional las llamadas medidas de apoyo a la innovación, conocidas como cajas de arena, “regulatory sandboxes” o “espacios controlados de pruebas”. Estos son marcos estructurados para la experimentación, permitiendo la realización de ensayos en situaciones reales, bien se trate de servicios, productos, tecnologías o enfoques innovadores, durante un período acotado y en un sector determinado bajo supervisión regulatoria para identificar los riesgos para los derechos fundamentales y la seguridad, así como las medidas para disminuirlos. Un ejemplo destacado de una caja de arena regulatoria es Alemania, que utilizó este modelo para experimentar un sistema de minibuses eléctricos automatizados.
Estas medidas de protección a la innovación persiguen una adecuada ponderación entre la necesidad de estudio y experimentación permanente que requiere el desarrollo de la IA y la protección de los derechos fundamentales, por lo que es recomendable su incorporación en las regulaciones nacionales que sobre la materia se están desarrollando.
Equipo Prensa
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