- La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió la solicitud de suspensión del desalojo de la megatoma de San Antonio por un plazo de seis meses, tras el acuerdo logrado por el Gobierno y los dueños del terreno del cerro Centinela para encontrar una solución, estableciendo la conformación de una comisión técnica, con representantes del municipio, del Gobierno y los propietarios, para determinar las condiciones en que se podría vender la propiedad para evitar el desalojo.
Ante esto, expertos inmobiliarios han dado su opinión sobre el manejo que se le ha dado a este caso, y cómo podría repercutir en futuras tomas. Sergio Correa, Gerente Inmobiliario de Colliers, señala que lo que se está haciendo hoy es inviable. “Pretender que miles de familias organizadas en cooperativas logren comprar un terreno que ocupan ilegalmente, en plazos cortos y sin un plan realista de financiamiento, es desconocer la magnitud del problema. Mientras tanto, se posterga cualquier solución efectiva y se deja abierta la puerta a que esto vuelva a ocurrir. El gran problema del Estado es que no interviene al momento de comenzar una toma, cuando aún es posible frenarla. Se deja al propietario privado completamente solo y, en poco tiempo, la ocupación se vuelve inmanejable. Luego, cuando el problema escala, la solución termina siendo postergarlo en vez de enfrentarlo”.
Por su parte, Reinaldo Gleisner, Vicepresidente de Colliers, destaca que “El año 2019 comenzó la toma con demarcación de terrenos; hoy tiene 4150 viviendas construidas en autoconstrucción, alberga cerca de 10.000 personas en 2.200.000 m2 de terreno, aproximadamente. La magnitud de la toma se ha hecho inmanejable para las autoridades: un desalojo hubiera sido una operación de alto costo político en caso de haberse materializado. Finalmente, estamos frente a un arreglo forzado entre el fisco y la propietaria, vulnerando toda la política habitacional y todo principio de equidad. El acuerdo de compra, con garantía estatal, de un loteo brujo, se saltaría toda la extensa y profusa permisiología y exigencias normativas. Si la única solución es saltarse todo el ordenamiento jurídico y normativo, es una invitación explícita a imitar”.
Correa agrega que la propuesta del Minvu para la megatoma de San Antonio no resuelve nada. “No se están haciendo cargo de la ocupación ilegal del terreno ni del precedente que esto genera. En lugar de asumir el costo político de un desalojo, el Gobierno opta por trasladar el problema al siguiente. Expertos urbanistas han advertido que esta medida puede generar un efecto dominó, incentivando nuevas tomas al dar la señal de que la usurpación puede terminar en propiedad. Constitucionalistas, por su parte, han cuestionado la legalidad de estos acuerdos y el impacto que pueden tener sobre el derecho de propiedad. Además, quienes han seguido los canales formales para acceder a una vivienda ven cómo la institucionalidad los deja en desventaja frente a quienes recurren a la ocupación ilegal. El problema es real y urgente, pero la solución no puede ser validar la ilegalidad ni generar incentivos perversos que agraven la crisis”.
En tanto, Gleisner enfatiza que ante problemáticas de esta índole las soluciones pueden ser disruptivas, pero tienen que respetar las normas esenciales. “La priorización y la simplificación de las normas es un tema prioritario si se quiere, de verdad, disminuir el déficit habitacional. Las soluciones no pueden ser incentivo para vulnerar el derecho de propiedad y las leyes”, finaliza.
Equipo Prensa
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