Agustín Martorell, socio de Prieto Abogados y presidente del Comité Legal y de Política Públicas de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (ACADES), analiza y valora las modificaciones propuestas por el Ejecutivo al proyecto de ley sobre uso de agua de mar para la desalinización y enfatiza la importancia de que el Estado dé celeridad y urgencia a los estudios y permisos necesarios para la ejecución de proyectos de desalación.
¿Cómo evalúa el proyecto de ley sobre uso de agua de mar para la desalinización hoy en trámite en el Congreso? ¿Comparte la propuesta planteada por el Ejecutivo?
El proyecto de ley va en la línea correcta porque aborda los principales temas que deben discutirse para acelerar el desarrollo de proyectos de desalinización. Una decisión importante del Ejecutivo fue tener como base para la discusión la indicación sustitutiva presentada con fecha 9 de marzo de 2022. Las nuevas modificaciones aún no han sido publicadas. Sin embargo, vemos en el Ejecutivo la intención de viabilizar y acelerar estos proyectos, reconociendo la urgencia que tiene este tema.
¿Qué sugiere ACADES para mejorar el proyecto de ley?
Nos parece fundamental que el proyecto permita contar con un título único que permita la extracción de agua de mar y, al mismo tiempo, la imposición de servidumbres para todas las obras, partes y acciones del proyecto, que permitan llevar el agua desalada a su lugar de destino o centro de consumo.
Al mismo tiempo, es importante que el título contenga las características necesarias para que estos proyectos sean financiables, de acuerdo con los estándares actuales, es decir, llevarlo a esquemas regulatorios que ya sean conocidos por los bancos e instituciones financieras que financian proyectos de infraestructura. Por ejemplo, proponemos la incorporación de un mecanismo de cesión del título, similar al establecido en le Ley de Concesiones de Obras Públicas.
Ha habido cierta polémica sobre qué organismo público debiese ser el encargado de la tramitación y otorgamiento de la concesión de desalación. Hay opciones como la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, la Dirección General de Aguas o el Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cuál es la más adecuada para llevar a cabo esta tarea?
Nos parece que la Dirección General de Aguas tiene una estructura y conocimiento que hace que sea candidata natural para abordar este tema, porque además hay consenso que tenemos que ir concentrando la gobernanza del agua en menos y no más instituciones. En todo caso, cualquiera sea el organismo, es importante disponer de los recursos y dotación para que el Estado pueda abordar este desafío.
¿Ve factible la utilización de modelos de concesiones como el que hoy tenemos en Chile para concesiones de obras públicas o concesiones sanitarias para el desarrollo de la industria de la desalación?
Me parece que hay buenos elementos en los diferentes esquemas regulatorios de concesiones que se pueden incorporar en este proyecto. Lo anterior, tiene la virtud además de ser conocido para los diferentes actores y que contamos con información empírica respecto de su impacto regulatorio. En materia eléctrica, por ejemplo, el sistema de concesiones y servidumbres para trazados puede ser un buen modelo a seguir.
¿Cuál es la expectativa de tramitación y aprobación de un proyecto de ley que regule la desalación en Chile? ¿Ya estamos atrasados en la materia?
El desafío hídrico que enfrentamos es urgente y la desalinización es parte importante de la solución. De hecho, la emergencia que enfrenta la región de Coquimbo ha generado un consenso político transversal que incluye los recientes anuncios del Presidente de la República sobre avanzar lo más rápido posible en la tramitación del proyecto para poder dar soluciones oportunas. Por ello, es razonable suponer que el año 2024 debiéramos contar ya con una Ley de Desalación.
El Ejecutivo durante el mes de octubre presentó un proyecto de ley corta con el objeto de dar atribuciones al MOP para ejecutar proyectos de desalación. ¿Le parece que ésta es una buena solución para incorporar al Estado en el desarrollo de la industria?
El Proyecto de Ley corta destraba un problema de habilitación legal para la licitación de proyectos de desalación con diferentes propósitos por parte del Estado mediante el mecanismo de concesión de obra pública. En ese sentido, es una condición necesaria, pero no suficiente, puesto que, junto con habilitar legalmente la posibilidad de licitar mediante concesiones los proyectos de desalación, se requiere celeridad y urgencia en los estudios, permisos y el resto de las condiciones habilitantes. Así, si bien estimamos que el Proyecto de Ley va en la dirección correcta, cuando se trata de involucrar al Estado se requiere una perspectiva más amplia.
Con el fin de generar el mayor punto de encuentro para discutir las estrategias de adaptación al cambio climático y cómo conseguir la seguridad hídrica, ACADES está organizando su primer Congreso los días 20 y 21 de marzo de 2024. El Congreso ACADES 2024, Nuevas fuentes de agua para Chile reunirá a ejecutivos, profesionales, técnicos, líderes sociales y de opinión, académicos, empresarios y emprendedores, chilenos y extranjeros, para compartir sus conocimientos y experiencias a fin de analizar todas las alternativas con que cuenta el país para incorporar nuevas fuentes de agua. Más información en www.congresoacades.cl.
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