- En el marco de su reunión anual realizada los días 16 y 17 de mayo en Santiago, la Coalición Chao Carbón, compuesta por organizaciones nacionales y agrupaciones locales de las zonas de sacrificio de Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero-Puchuncaví y Coronel, denunció que el actual proceso de descarbonización en Chile avanza de manera injusta, sin reparación ambiental ni justicia social para las comunidades afectadas por la industria termoeléctrica a carbón.
Durante el encuentro, la coalición expresó su preocupación ante la ausencia de acciones concretas por parte del gobierno y las empresas responsables, tanto para la remediación de los impactos ambientales y sociales acumulados, como para la participación de las comunidades en los procesos de transición.
A pocos días de la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, las organizaciones agrupadas en la coalición esperan que el mandatario dirija palabras al respecto: «En descarbonización el actual gobierno no ha tenido grandes avances, lamentablemente se perdió la oportunidad de haber generado políticas públicas robustas para comenzar una transición socioecológica justa en las zonas de sacrificio impactadas por las termoeléctricas a carbón. Esperemos con esta última cuenta pública el presidente Boric haga anuncios importantes, ya que la población y los ecosistemas están sometidos a altos índices de contaminación», señaló Pamela Poo, directora de Incidencia Política de Fundación EcoSur.
En ese contexto, la Coalición Chao Carbón reconoce el cierre de 11 centrales a carbón entre 2019 y 2024 como un avance, pero advierte que este proceso ha sido incompleto e injusto, ya que no se han implementado medidas de remediación ambiental ni programas de apoyo económico en las comunidades afectadas. Denuncian que las empresas propietarias de las centrales cerradas no han presentado planes formales de cierre y abandono, y que en comunas como Tocopilla, Huasco, Quintero-Puchuncaví, Mejillones y Coronel persiste la infraestructura contaminante sin acciones de demolición, manejo de depósitos de cenizas ni remediación de pasivos tóxicos.
Además, rechazan la imposición de nuevos proyectos industriales contaminantes —como plantas desaladoras, iniciativas de hidrógeno verde y co-combustión de carbón con amoniaco— sin consulta ni participación de las comunidades locales, lo que, a su juicio, perpetúa la saturación industrial y el deterioro ambiental en estos territorios. Cuestionan también la viabilidad de la Estrategia de Transición Socioecológica Justa, actualmente en proceso de aprobación, por no incluir financiamiento que garantice su implementación.
Finalmente, advierten que el nuevo Plan de Descarbonización del gobierno mantiene el cronograma heredado, permitiendo la operación de termoeléctricas a carbón hasta 2040, lo que consideran contradictorio con los compromisos climáticos del país y perjudicial para la salud de las comunidades expuestas a la contaminación.arbón hasta 2040, perpetúan la contaminación y el abandono de estas comunidades.
En el documento publicado por la coalición, exigen al gobierno establecer un cronograma claro y vinculante que garantice el fin total del uso del carbón en la generación eléctrica a más tardar en 2030, eliminar del Plan de Descarbonización la opción de co-combustión de carbón con amoniaco, y asignar recursos concretos para implementar efectivamente la Estrategia de Transición Socioecológica Justa, con planes de cierre que incluyan remediación ambiental y social, así como el impulso a nuevas actividades productivas legítimas y con aceptación de las comunidades locales.
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