La nueva ley de delitos económicos es una oportunidad real para la transparencia en la gestión pública y posicionar a entidades municipales a niveles de cumplimiento de países desarrollados.
El reciente proceso electoral municipal, celebrado el pasado 27 de octubre, ha traído consigo un cambio de liderazgos en las alcaldías de todo el país, ofreciendo una oportunidad histórica para que las nuevas autoridades municipales den un paso decisivo hacia la transparencia y la probidad mediante la implementación de programas de compliance.
En Chile los municipios actúan como el primer contacto del Estado con la ciudadanía, la integridad en la administración de los recursos públicos se vuelve esencial para recuperar la confianza de la población y promover una gestión pública eficiente. Para enfrentar los riesgos descritos, resulta indispensable que los nuevos equipos municipales establezcan sistemas de compliance que integren controles efectivos, fomenten una cultura ética y aseguren la rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Ante esto el ex ministro de Defensa y Justicia José Antonio Gómez enfatizó “para enfrentar los riesgos descritos, resulta indispensable que los nuevos equipos municipales establezcan sistemas de compliance que integren controles efectivos, fomenten una cultura ética y aseguren la rendición de cuentas ante la ciudadanía. El cumplimiento va mucho más allá de la ley, es una cultura corporativa que deben desarrollar en conjunto tanto gerentes como trabajadores, por cuanto depende de todos”, afirmó el ex ministro.
Felipe Lizama, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y socio de CPA Legal manifestó que “Un programa de compliance penal robusto debe incluir algunos elementos. Lo primero es identificar las áreas más vulnerables a los delitos, tales como la adjudicación de contratos, la administración de fondos y la concesión de subvenciones. Una vez identificados estos riesgos, es necesario diseñar y aplicar controles internos que permitan una revisión constante de la gestión y el uso de los recursos públicos, garantizando que se mantengan dentro de los fines previstos”.
Además, el abogado penalista Juan Carlos Manriquez destacó que la ley “refuerza la necesidad del compliance y la prevención, especialmente en delitos ambientales relacionados con el control de fuentes de emisión, nuevas categorías de causalidad estadística y la indispensable colaboración técnica entre ingenieros, biólogos, abogados y directores. Además, la incorporación de estos elementos en la planificación demandará un cambio de perspectiva en los análisis, con un enfoque renovado en la evaluación de los estándares de cumplimiento”.
Corrupción municipal y desafíos del compliance
Los bullados casos de Cathy Barriga, el vínculo con el narcotráfico del ex alcalde Miguel Ángel Aguilera o el caso del alcalde de Linares Mario Meza quién fue reelegido a pesar de estar con arresto domiciliario tras ser imputado por fraude al fisco, son algunos de los casos que detonaron la crisis de confianza que viven los gobiernos comunales en todo el país.
Ante estos hechos de corrupción y en estudio de las normas sobre delitos económicos, diversos actores del mundo privado y público se reunirán en el segundo encuentro de Compliance a nivel nacional.
El encuentro tendrá a destacados expositores como Carlos Gajardo, ex fiscal nacional, y Dorothy Pérez, Contralora General de la República, quienes abordarán la actual crisis de confianza por la que atraviesan las Instituciones de nuestro país, tanto en el ámbito público como privado, y la necesidad de implementar Modelos de Prevención de Delitos en personas jurídicas de Derecho Público, tales como Municipios y Gobiernos Regionales.
Será una excelente oportunidad, con panelistas de primer nivel, tales como Andrés Chacón Romero, secretario ejecutivo de la asociación de municipios de Chile AMUCH, Maria Jaraquemda consejera del Consejo para la transparencia, Tamara Agnic, Directora del Banco Estado y ex presidenta de Chile Transparente, quienes analizarán y debatirán acerca del comportamiento de los distintos actores económicos, a un año de la entrada en vigor de la Ley 21.595 de 2023, sobre Delitos Económicos y Ambientales.
Equipo Prensa
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