Desde hace un tiempo, hemos visto, leído y escuchado en la prensa sobre la crisis que atraviesan las isapres en nuestro país. Legisladores, personeros de Gobierno, el COLMED, gremios de la salud, ex ministros y privados han generado encuentros para poder dar rumbo a un tema que se agudizó tras el último fallo de la Corte Suprema a fines del 2022, que ordena a las isapres aplicar la Tabla Única de Factores de la Superintendencia de Salud, pero que viene con arrastre desde hace varios años e incluye aristas como el pago de licencias médicas, el aumento de costos debido a la pandemia, las restricciones de alza de planes por parte de la justicia, entre otros ejes de un sistema que hoy parece insostenible entendiendo a la salud como parte de un acuerdo tácito de seguridad social.
Todos los entes involucrados y participantes hablan de la protección a las personas, pero en las propuestas las dudas superan con creces a las certezas. Por un parte, se habla de una “Ley corta” -que el ejecutivo ha socializado y trabajado con las Comisiones de Salud de la Cámara y el Senado- que se enviaría este mes de marzo y que tiene por objetivo resguardar al universo de personas que estén afiliadas a isapres en riesgo de quiebra; por otra parte, se ha establecido la idea de fortalecer el sistema de salud público, a través de FONASA, con la posible creación de una tercera modalidad de cobertura adicional dentro del seguro público, en la que las personas podrían acceder a un abanico ampliado de prestadores de salud contratando servicios complementarios con privados, licitados por el Estado, para lo que los afiliados deberían pagar una tarifa plana adicional a su cotización.
Ante toda la información que ha transcendido en esta crisis, se generan al menos dos corrientes a trabajar, la primera es urgente y reactiva, proteger a ese universo de más de 3 millones de personas, y en especial, a aquellas que se encuentran en tratamiento médico, padecen enfermedades crónicas, condiciones especiales o trastornos de salud. La otra, si bien será de larga discusión, es la necesidad de dar el fortalecimiento correcto al sistema público, que, si bien es un plan a largo plazo, debe dar sus primeras luces prontamente, ya que es justo preguntarse si FONASA, tal como está ahora, sería capaz de dar cabida a los usuarios ante un posible colapso del sistema de isapres. Recordemos que el seguro público de salud ha tenido un crecimiento de beneficiarios sostenido durante los últimos años, con más de 548 mil personas que abandonaron su Institución de Salud Previsional para ingresar al Fondo Nacional de Salud entre enero del 2020 y noviembre del 2022, según detalla la entidad estatal.
Por otra parte, es correcto también comenzar a vislumbrar nuevos acuerdos y avanzar en regulaciones que generen una mejor cobertura de salud para los afiliados, ya sea a través de un sistema integrado, universal o complementario, pero que permita la sostenibilidad tanto para el Estado como para los privados que aporten a esta tarea. Las crisis pueden entenderse como oportunidades, pero para eso, todos los actores involucrados deben dar certezas que avancen en el camino correcto, la protección de las personas.
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