Viviana Puentes Directora Escuela de Auditoría Universidad de Las Américas
El proyecto de ley de «Cumplimiento Tributario», próximo a ser promulgado, tiene como objetivo reducir las infracciones en esta materia y aumentar la recaudación fiscal. Uno de los aspectos más destacados es la inclusión del denunciante anónimo, quien será incentivado con una recompensa equivalente al 10% de la multa que se aplique, siempre que el impuesto defraudado supere las 100 UTA (aproximadamente 80 millones de pesos). Este estimulo motiva a empleados o terceros con conocimiento de irregularidades dentro de las empresas, y fomenta que cumplan con los requisitos establecidos en la ley, junto con colaborar con el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El nuevo escenario impone un desafío directo para los controles internos y a los equipos de cumplimiento de las empresas. La posibilidad de que alguien dentro de la organización denuncie irregularidades, aumenta la presión para mantener prácticas tributarias transparentes y evitar fraudes. Las organizaciones deberán reforzar sus procesos de monitoreo y auditoría interna, no solo para cumplir con la normativa, sino también para mitigar los riesgos que conlleva la figura del denunciante anónimo, en términos de reputación y posibles sanciones.
En definitiva, esta figura obliga a las compañías a replantear su cultura empresarial, promoviendo una mayor responsabilidad y transparencia para enfrentar los crecientes retos regulatorios.
Equipo Prensa
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