El abogado Ricardo Ibañez dijo que, si bien la regulación ha dado una segunda oportunidad a miles de personas y empresas, algunas modificaciones recientes a la norma no ayudan a resolver casos más complejos de insolvencia económica.
Cuando se cumplen nueve años de la Ley 20.720, de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, conocida como “Ley de Quiebras”, el abogado y fundador de Defensa Deudores, Ricardo Ibañez, sostuvo que la norma “tiene mucho de dulce y agraz, ya que ha permitido a miles de personas naturales y empresas de distinto tamaño enfrentar su situación de manera responsable y en muchos casos volver a empezar, pero a diario constatamos que no se hace completamente cargo de la realidad económica que enfrentan las personas y las empresas en el país”.
El abogado Ibáñez dijo que las modificaciones a la ley 20.720 que entraron en vigencia el 11 de agosto pasado, generaron “procedimientos simplificados, más accesibles y económicos para las Mipyme que son económicamente viables que requieren oxígeno para revertir sus resultados negativos y evitar la quiebra, pero también incluyó mayores exigencias para el proceso de liquidación que se traducen en trabas insoslayables para los casos más complejos”, apuntó.
“Cuando uno mira el Chile real ve, por ejemplo, casos de personas que han perdido su empleo y se ven en la necesidad de vender su auto u otros bienes para pagar cuentas o amortizar sus deudas. Y si a pesar de ello no logran resolver su alto endeudamiento, podrían recurrir a la liquidación (quiebra) como una solución definitiva. Sin embargo, se exponen a eventuales denuncias por posibles delitos tributarios por haber realizado venta de activos con la finalidad de pagar a sus acreedores», explicó el experto.
Otro aspecto complejo, según señaló, tiene que ver con la solicitud de una gran cantidad de documentos que en ocasiones es difícil obtener por la compleja situación financiera de empresas y personas deudoras que deciden someterse a un proceso de quiebra. Por ejemplo, presentar las últimas 24 cartolas bancarias, en circunstancias que los bancos, en muchos casos, les han cerrado estos productos y no proporcionan la información requerida.
Ricardo Ibáñez, fundador del estudio jurídico que desde hace 24 años asesora a personas naturales y Pymes con problemas de endeudamiento, estima que el 2023 concluirá con un incremento de solicitudes de quiebra como consecuencia de múltiples factores nacionales e internacionales que han seguido complicando la situación económica en el país.
Equipo Prensa
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