La crisis financiera global está generando grandes impactos sobre el mercado laboral en los países en vías de desarrollo, y Chile no es la excepción a la regla. Recientes informes, como el de la Organización Internacional del Trabajo, dan cuenta de un retroceso respecto a los avances de los últimos 20 años en la calidad del empleo.
A nivel local, reportes de los principales portales empleos y las cifras oficiales coinciden en que, si bien el desempleo se mantiene en un dígito, no se están creando nuevas plazas y la informalidad sigue avanzando. Los jóvenes y las mujeres son los grupos más afectados: más de dos mil millones de personas tienen puestos sin acceso a protección social en el mundo.
Ante el complejo escenario económico es fundamental que las personas puedan hacer valer sus derechos y ejercer las acciones correspondientes en el caso de ser vulnerados, contando con un adecuado acompañamiento legal. Muchos trabajadores y trabajadoras podrían percibir, a través de estos procedimientos, recursos para sobrellevar el complejo período de desempleo.
Un caso que veremos repetirse en los próximos meses es el de los despidos injustificados. Pese al complejo contexto económico, con una inflación que supera el 12% y una posible recesión en el segundo semestre, la desvinculación por necesidades de la empresa debe cumplirse y ser acreditada en los términos que establece la norma.
Hay despidos que carecen del sustento jurídico y que son derechamente injustificados, y para eso existen tribunales con la potestad de definir si la decisión del empleador se ajusta a derecho o da pie a que el trabajador o trabajadora busque una compensación económica por los perjuicios causados, según lo estipula nuestro Código del Trabajo.
Así, por lo injustificado del despido, las personas que demandan tienen la alternativa de pedir un recargo de su indemnización, el que deberá ser pagado por su empleador. Además, podrán solicitar la devolución del reembolso del seguro de cesantía (específicamente, el descuento realizado del monto aportado por el empleador).
Otras vías legales, como el autodespido o el cobro de prestaciones e indemnizaciones, requieren igualmente de una asesoría profesional para su tramitación ante los tribunales. Como Grupo Defensa, vemos cómo temáticas como estas se acrecientan día y día y cómo la ciudadanía necesita y demanda tanto información como resguardo legal.
Así, no cabe duda de que la llegada de marzo –un mes caracterizado por el estrés financiero del regreso a clases y el pago de los permisos de circulación– agudizará el impacto de este problema para miles de familias chilenas. Desde nuestro rol como especialistas, el llamado es a informarse, explorar las alternativas legales y buscar asesoría profesional.
Equipo Prensa
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