La nueva Ley de Cumplimiento Tributario marca un hito significativo para el ecosistema emprendedor, abordando simultáneamente la formalización de actividades comerciales y la lucha contra el crimen organizado. Esta normativa establece que los bancos deben reportar cuentas que reciban más de 50 transferencias mensuales o 100 semestrales, con el objetivo de identificar actividades informales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Para los emprendedores que operan en redes sociales o plataformas informales como Instagram y Marketplace, esta legislación implica la necesidad de regularizar sus negocios, emitiendo comprobantes fiscales y registrando sus operaciones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII). La medida busca equilibrar las condiciones entre quienes operan formalmente y aquellos que evaden impuestos, fomentando un entorno más competitivo y transparente. Esto adquiere especial relevancia en un país donde el emprendimiento ha sido un motor de desarrollo económico, aunque con escasa supervisión tributaria en ciertos sectores.
Sin embargo, y en paralelo a esta normativa, es fundamental reconocer la necesidad de implementar programas de educación financiera para los emprendedores, quienes a menudo desconocen las implicaciones fiscales de sus actividades. La formalización no solo protege contra sanciones legales, sino que también abre puertas a beneficios como el acceso a créditos, la participación en licitaciones públicas y la expansión de redes comerciales. Iniciativas como la Ruta del Emprendimiento, impulsada por el Ministerio de Economía, ofrecen apoyo en este proceso de regularización.
Más allá de su impacto en el ámbito empresarial, la ley pone énfasis en la seguridad nacional. El fortalecimiento de las capacidades del SII para monitorear movimientos bancarios sospechosos se alinea con los esfuerzos para combatir el crimen organizado. Ante la creciente sofisticación de las organizaciones criminales, que utilizan estructuras financieras complejas para lavar dinero y ocultar actividades ilícitas, la obligación de los bancos de reportar transacciones proporciona herramientas valiosas para desarticular estas redes.
El crimen organizado se ha convertido en una amenaza significativa para el país, y esta ley complementa otras medidas destinadas a combatirlo estructuralmente. En un contexto de inseguridad y demanda pública de acciones efectivas, es fundamental que las instituciones financieras y las autoridades colaboren para garantizar el uso eficaz de las herramientas legales. La ley apunta a desarticular tácticas como la estratificación de operaciones, donde pequeñas transacciones aparentemente inofensivas se utilizan para evadir impuestos o blanquear capitales.
La implementación de esta legislación busca fortalecer la economía formal en Chile y crear un entorno más equitativo. Su éxito dependerá de una fiscalización eficiente y de la capacidad estatal para aplicarla justamente, tanto a grandes evasores como a pequeños emprendedores en crecimiento. La colaboración entre instituciones financieras, el SII y los emprendedores será crucial para que la ley cumpla sus objetivos sin obstaculizar la innovación y el emprendimiento.
En el marco de una crisis de seguridad, donde el crimen organizado ha ganado protagonismo, la nueva Ley de Cumplimiento Tributario no solo aspira a incrementar la recaudación fiscal, sino también a restringir las oportunidades de estos grupos para operar a través del sistema financiero. José Ignacio Camus M. Co-Founder Admiral Compliance
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