Sebastián Hudson, fundador de Póliza Gestión, señala que estima que el 20% de los cobros que realiza el SII podrían estar equivocados. Por eso, se dedica a buscar estos errores y corregirlos a favor de los contribuyentes.
En Chile, el impuesto territorial se ha vuelto un terreno difícil de entender incluso para los especialistas. La falta de transparencia en los reavalúos, los errores detectados y las omisiones que el propio Servicio de Impuestos Internos termina corrigiendo con efecto retroactivo, han convertido las contribuciones en uno de los tributos más opacos de nuestro sistema.
En este contexto, una empresa chilena decidió replicar exactamente el método del SII, pero utilizando información levantada de manera independiente. El resultado: la detección sistemática de errores que, según sus cálculos, representan sobrepagos por cientos de millones de dólares al año para miles de contribuyente.
Sebastián Hudson, fundador de Póliza Gestión, ha construido un modelo de auditoría que hoy utilizan desde grandes contribuyentes hasta familias que no sabían que estaban pagando más de lo que correspondía.
—¿Cómo explicaría en simple qué hace Póliza Gestión?
“Lo que hacemos es replicar exactamente el proceso que lleva a cabo el Servicio de Impuestos Internos. Utilizamos el mismo algoritmo, la misma metodología de cálculo y los mismos criterios normativos. La diferencia es que levantamos nuestra propia información de manera independiente, a partir de conservadores, municipalidades, servicios públicos y fuentes técnicas que el propio SII utiliza, pero que muchas veces están incompletas, desactualizadas o con errores”.
“Cuando realizamos el cálculo paralelo y encontramos diferencias —que pueden ser de forma o de fondo— contactamos al contribuyente para mostrarle el error y solicitar al SII que corrija el catastro, pero también pidiendo que se devuelva el sobrecargo realizado de tres años para atrás, el máximo que permite la ley. Nuestro trabajo consiste en ordenar lo que, por distintas razones, llegó mal al sistema”.
— ¿Cómo detectó que existía este problema de manera masiva?
“Partió como algo anecdótico. Un cliente corporativo me pidió revisar unos locales comerciales porque sospechaba que estaba pagando de más. Al hacer el análisis descubrí que estaba pagando un 60% extra en contribuciones. Luego hice el mismo ejercicio con la casa de mi padre y la diferencia era de un 30% sobre el valor correcto. No podía ser coincidencia. Empecé a estudiar el proceso completo de avalúo fiscal, desde la normativa hasta la data con la que trabaja el Servicio. Ahí entendí que las posibilidades de error no solo existían: eran estructurales y no solo en Chile. A nivel internacional los errores se proyectan en un 20% sobre los cobros. Yo creo que acá pasa algo parecido”.
—¿Y de qué dimensiones estamos hablando?
“Hay dos cifras claves y ambas están documentadas. La primera es que entre US$250 y US$500 millones al año se pagan en exceso por errores, omisiones o fallas del catastro del SII. La segunda es que alrededor del 20% de los cobros podrían estar mal determinados. Ese porcentaje proviene del análisis de miles de propiedades que hemos auditado y también de estudios comparados que muestran que los impuestos territoriales, en todo el mundo, tienen errores recurrentes, casi siempre a favor del Fisco. Es importante aclarar que no existe evidencia de una intención directa del Estado en sobrecobrar, pero sí existen fallas de información, metodologías poco transparentes y capacidad limitada para procesar cada caso con rigurosidad”.
— ¿Qué tipo de inconsistencias encuentran con más frecuencia?
“Lo más común son errores de omisión de las características únicas de las propiedades; al ser procesos masivos de millones de propiedades deján las singularidades fuera. También encontramos construcciones mal encasilladas en la ‘calidad’, que es un factor determinante del valor por metro cuadrado. Por ejemplo, la ausencia u omisión de datos provenientes de servicios públicos. Si un municipio entrega información incompleta, o si el conservador actualiza datos con retraso, esos vacíos terminan inflando el avalúo fiscal. Cuando replicamos el cálculo con información completa, las diferencias se ven inmediatamente”.
— El proceso que describe se parece mucho a una auditoría externa del Estado. ¿Cómo evita el conflicto con el SII?
“Justamente porque trabajamos dentro del marco legal. Lo que hacemos no es eludir ni evadir impuestos, sino corregir errores que afectan la correcta aplicación de la ley. El SII revisa y valida cada expediente. De hecho, trabajamos con una premisa muy clara: solo llevamos a revisión aquellos casos donde hay evidencia sólida de un error que perjudica al contribuyente. Nuestros honorarios son 100% a éxito, lo que significa que solo cobramos si logramos bajar el avalúo o recuperar pagos en exceso. Si el SII no acoge un expediente, el cliente no paga nada. Eso nos obliga a ser extremadamente rigurosos en qué casos tomamos”.
— ¿Qué resultados han obtenido en la práctica?
“Solo entre nuestros clientes, en 2025 hemos generado ahorros por más de 5.000 Millones, . También hemos llevado casos grandes de recuperación de pagos retroactivos —todos dentro del límite de tres años que establece la ley — y hemos visto modificaciones de avalúos que cambian por completo la carga tributaria de una propiedad”.
— ¿Qué esperan del próximo reavalúo de 2026?
“Va a ser un proceso complejo. Por la inflación acumulada desde 2022, por la información técnica que se está actualizando, y por la carga con la que viene el sistema. Proyectamos un aumento cercano o superior al 40% en avalúos de propiedades no agrícolas, aunque esto siempre depende de cómo se comporte la tasa que fija el Ministerio de Hacienda. Además, se suma la sobretasa del artículo 7 bis, que afecta a patrimonios inmobiliarios altos. Por eso es tan importante que los contribuyentes revisen su situación antes del reavalúo. Una propiedad mal catastrada hoy puede significar un salto abrupto en las contribuciones del próximo ciclo”.
— ¿Diría que estamos ante un problema técnico, político, o ambos?
“Es un problema técnico con consecuencias políticas. El impuesto territorial es, hoy, uno de los tributos menos transparentes de Chile. La metodología del SII, según informes como el de CIPER 2022, funciona como una caja negra. Es razonable esperar que un impuesto que afecta a millones de personas sea explicable, revisable y trazable. Hoy no lo es. Cuando nosotros replicamos el algoritmo del SII, demostramos que el sistema puede ser auditable. Y cuando corregimos errores, demostramos que puede ser justo. Lo que está en juego no es solo cuánto se paga, sino la confianza en cómo se calcula”.
Equipo Prensa
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