- Germán Gómez, investigador del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, asegura que Chile aún no cuenta con la infraestructura digital necesaria para gestionar el material recogido por las cámaras corporales de los guardias que se desempeñan en labores de riesgo.
Hoy, 28 de noviembre, entra en vigor la Ley 21.659, también llamada Ley de Seguridad Privada, que establece la obligatoriedad del uso de cámaras corporales por parte de los guardias de seguridad privada que porten armas no letales o dispositivos eléctricos de control.
La legislación, que según cifras del Gobierno impactará a un estimado de 500 mil personas que están asociadas a los servicios de seguridad privada en el país, busca asegurar que los procedimientos que realicen cuenten con respaldo audiovisual verificable. Lo que implica un refuerzo de los estándares de grabación, almacenamiento y gestión de los videos obtenidos, exigiendo el cumplimiento de requisitos como el cifrado de extremo a extremo.
Al respecto Germán Gómez, investigador del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, advierte que, si bien “Chile ha avanzado en digitalización, fiscalizar un sistema de esta magnitud es un desafío de otra escala. Mi lectura es que el Estado tiene la arquitectura institucional —las leyes, los reglamentos, los roles definidos—, pero la capacidad operativa tecnológica está por construirse».
Puntualmente, Gómez identifica trabas en tres aristas: Capacidad estructural para almacenar y gestionar el material en video; fiscalización y protección de datos.
Sobre la primera, el investigador explica que una cámara corporal en alta definición genera entre dos y cuatro gigabytes por jornada de trabajo de 8 horas. Si a ese dato se le suma que la Ley establece que el material debe almacenarse por un plazo mínimo de 120 días y que, de los 500 mil guardias privados, entre 50 y 100 mil se desempeñan en labores de alto riesgo que involucran armas no letales, “lo que se almacenará equivale a la biblioteca completa de Netflix varias veces”.
Con esto se instala el cuestionamiento del costo que significa implementar la normativa: “No todas las empresas del mercado chileno tienen capacidad de inversión en infraestructura tecnológica y el reglamento exige cifrado de extremo a extremo, registros de auditoría completos, y que la grabación no pueda ser manipulada. Eso no se logra con un pendrive y buena voluntad, estamos hablando de inversiones significativas en hardware, software y capacitación”, puntualiza Gómez.
Equipo Prensa
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