Chile ha acelerado el desarrollo de proyectos de desalación y reutilización de aguas como respuesta a la escasez hídrica estructural, el aumento de incendios forestales y la creciente presión sobre el abastecimiento urbano, rural e industrial. Sin embargo, el avance tecnológico de las plantas no garantiza por sí solo seguridad hídrica. Hoy el mayor desafío se concentra en la infraestructura necesaria para transportar esa agua a los centros de consumo, muchas veces ubicados a cientos de kilómetros de la costa y a gran altura geográfica.
En este escenario, redes de conducción, cañerías, estaciones de bombeo y estanques pasan a ser componentes determinantes para la continuidad operacional y la eficiencia económica de los proyectos. La complejidad técnica es significativa: las líneas deben atravesar zonas marinas, desiertos, cordillera, valles y áreas densamente pobladas, lo que exige diseños específicos para cada realidad operacional.
El principal riesgo, explican especialistas, no es solo constructivo sino de ingeniería. Una de las mayores amenazas corresponde a la corrosión generada por agua de mar, agua desalinizada y aguas reutilizadas, fenómeno que puede deteriorar rápidamente los materiales. En condiciones salinas típicas se han registrado tasas de corrosión cercanas a 0,5 milímetros por año, lo que puede reducir la vida útil de las instalaciones si no existen sistemas de protección adecuados.
José Miguel Bastidas, subgerente de Proyectos de Minería y Energía en MultiAceros Chile, advierte que el problema suele originarse en la etapa de diseño. “Además de la complejidad de obras que cruzan centros urbanos, existe el riesgo de no realizar un estudio apropiado de protección anticorrosiva. Es necesario un enfoque integral que considere el tipo de fluido, los territorios que atravesará la conducción, la protección de las juntas soldadas y el monitoreo periódico para asegurar la operación”, señala.
Las consecuencias pueden ser relevantes para el país. Si la infraestructura no incorpora estándares adecuados de durabilidad, el aporte real de la desalación podría verse comprometido. “Si Chile invierte miles de millones en desalación y reúso, pero no asegura la durabilidad de las redes de conducción, estamos construyendo una seguridad hídrica aparente, no real. Podría producirse una reducción drástica de la vida útil del sistema, pérdidas de continuidad operacional y aumento significativo de costos”, agrega.
La confiabilidad de las redes es clave porque impacta directamente la disponibilidad de agua para distintos usos: abastecimiento urbano, sistemas sanitarios rurales (APR), industria y minería. Sistemas diseñados con criterios de larga vida útil, adecuada capacidad de transporte y protección anticorrosiva permiten reducir pérdidas de agua, disminuir mantenciones y asegurar la operación continua de las plantas desaladoras y de reúso. “Sin confiabilidad del sistema de impulsión no hay seguridad hídrica”, enfatiza Bastidas.
Por ello, desde una mirada país, el desafío está en avanzar en estándares técnicos y regulatorios más exigentes. Entre las medidas propuestas destacan incorporar criterios de vida útil en las licitaciones, exigir estándares mínimos de protección anticorrosiva, certificación y trazabilidad de materiales, junto con señales regulatorias que incentiven la durabilidad, como penalidades por fallas recurrentes o incentivos tarifarios.
Estos desafíos formarán parte de la discusión técnica del sector hídrico en el Congreso de ACADES, que se realizará entre el 17 y el 19 de marzo, instancia en la que se abordará cómo asegurar que la desalación y el reúso se consoliden como soluciones sostenibles y confiables para el abastecimiento de agua en Chile a largo plazo.
Equipo Prensa
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