La votación de la segunda vuelta presidencial, del pasado 19 de diciembre, estableció varios hitos en nuestro país, desde la elección del Presidente más joven en la historia de Chile, hasta la elevada cantidad de votantes que concurrieron a las urnas: más de 8 millones 300 mil personas.
Esta cifra es la mayor en porcentaje desde la instauración del voto voluntario, cerca de un 55% del padrón electoral, más que los votantes de la primera vuelta presidencial o del plebiscito por una nueva Constitución.
Quizás por ello, al no haber punto de comparación, la operación prevista del sistema de buses de la locomoción colectiva de la capital se vio superada por la alta demanda, derivando en denuncias ciudadanas que más tarde llevarían a la autoridad de transportes a reconocer su inconformidad con el funcionamiento del sistema Red (ex Transantiago).
Con orgullo debo decir que, ante esta situación, las plataformas de transporte digitales dimos la cara. En el caso de DiDi, no sólo se previó el escenario convocando una mayor cantidad de socios conductores, aumentando en un 40% la operación regular de un día domingo, sino que además se entregaron cupones con descuento, los cuales fueron usados en uno de cada cuatro viajes, para que los usuarios se desplazaran a los centros de votación y pudieran cumplir con su deber cívico.
Sin embargo, no todo es motivo de celebración. Las empresas de plataformas digitales (EAT) llevamos más de cinco años esperando por una legislación que nos regule. Pese a que hoy somos empresas legales, que pagamos impuestos (IVA a los servicios digitales), no existe una normativa legal que proteja nuestra operación o a los socios conductores, quienes se pueden ver enfrentados a fiscalizaciones y multas al no estar regulados.
Resulta, entonces, paradójico que un sistema legal, pero no regulado, haya salvado el día en una fecha tan relevante para nuestro país y para la democracia, y que, al mismo tiempo, a los socios conductores les puedan quitar el auto si son sorprendidos por la autoridad.
Creo que hemos demostrado el positivo impacto, no solo a la movilidad de los chilenos, sino que también a los bolsillos de todos quienes, libremente, deciden generar ganancias a través de estas plataformas y que en momentos tan importantes como estos deciden contribuir con un granito de arena a sus vecinos.
Hacemos un llamado a las autoridades a retomar la tramitación de los proyectos de ley que regulan tanto la operación como los aspectos laborales de quienes prestan servicios a través de plataformas, y que se encuentran detenidos tanto en la Cámara como en el Senado.
Equipo Prensa
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