Por Claudia Valdés Muñoz, gerente general de BBSC

Luego de un buen tiempo en el Congreso Nacional, finalmente, se despachó el proyecto que dará origen a la Ley Cumplimiento de Obligaciones Tributarias, que busca fortalecer al ente fiscalizador (SII) y disminuir la evasión.

Con estas modificaciones, se espera aumentar la recaudación fiscal en cerca de 4.500 millones de dólares, de los cuales 1.200 millones se destinarán al presupuesto fiscal del año 2025.

Gracias a la nueva norma, el Servicio de Impuestos Internos (SII) podrá  solicitar datos bancarios del contribuyente, sin contar con una orden judicial (levantamiento bancario) para ello. Además, la normativa permitirá la denuncia anónima, situación que en la ley vigente no está garantizada.

La intención con esta modificación es justamente incentivar las denuncias asociadas a la evasión del pago de impuestos. Asimismo, se propone crear un organismo externo encargado de fiscalizar las estrategias utilizadas por el SII, que tendrá la facultad de entregar recomendaciones vinculantes para «asegurar la transparencia y objetividad».

En este contexto, la norma viene acompañada  de una serie de instrumentos y ajustes legales, que van a permitir a la autoridad fiscal poder hacerse parte de procesos.

El proyecto Ley entrega certeza jurídica a la evasión, e introduce una serie de artículos en la línea de la Gobernanza del SII, lo que sumado a cambios en los sistemas de notificaciones, procedimientos de fiscalización, entre otros; sin duda, cambiarán la forma en que se controlará el cumplimiento fiscal.

No obstante, la norma sobre regulación para el control de las exportaciones fue rechazada por la Comisión de Hacienda al igual que las modificaciones en las regulaciones de las donaciones y restricciones a exenciones. Lo que sí se aprobó fue una redefinición de «partes relacionadas» que incluyen la  unidad de dirección, dependencia económica, y participación en la misma entidad o patrimonio.

Asimismo, la Defensoría del Contribuyente aumentará su dotación en más de un 50% para ofrecer mejor asistencia jurídica y acompañamiento a los contribuyentes. Se permitirá la representación judicial en los procedimientos de vulneración de derechos de los contribuyentes.

Finalmente, la ley establece mecanismos que facilitarán el cumplimiento tributario de las empresas que mantengan deudas vigentes. Las fechas de corte son hasta el 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2023. Ambas opciones quedarán sujetas al criterio de la autoridad tributaria.

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