Santiago 13 de febrero de 2023. El abogado de la Universidad de Chile inicia sus funciones este 13 de febrero, tras haber sido nombrado por el Secretario Ejecutivo de la CNE a partir de la nómina de candidatos enviada por el Comité de Selección en el marco del concurso público realizado mediante el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) del Servicio Civil.

El Abogado de la Universidad de Chile, Mauricio Funes Huerta, fue designado Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Nacional de Energía (CNE), tras concluir el concurso público realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) del Servicio Civil.

El Profesional también tiene un MBA de la Universidad Andrés Bello, además de un Diplomado en Regulación del Sector Eléctrico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile y de un Postítulo en Economía y Finanzas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y de la Georgetown University, de Estados Unidos.

Funes cuenta con una amplia trayectoria en materia de regulación eléctrica. Desde 2020 se desempeñó como abogado senior del Ministerio de Energía, donde estuvo a cargo de los procesos tarifarios asociados al segmento de transmisión.

También ha sido Coordinador Nacional de Electromovilidad en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, estando a cargo del diseño del modelo de negocio, financiamiento e implementación de los proyectos de electromovilidad regional. Adicionalmente, entre 2014 y 2019, el Profesional trabajó en la Comisión Nacional de Energía.

El concurso de Alta Dirección Pública para proveer este cargo se inició el 30 de octubre de 2022 y se recibieron 90 postulaciones.

La CNE es el organismo técnico encargado de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que deben ceñirse las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía, con el objeto de disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación económica.

Entre los principales objetivos estratégicos del Departamento Jurídico están participar de manera activa, oportuna y eficiente en el desarrollo de los procesos institucionales, garantizando la consistencia normativa, coherencia y calidad jurídica de los mismos, además de promover el análisis y perfeccionamiento jurídico de la normativa del sector energético, con propuestas concretas y oportunas.

 

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