Preocupación y claridad es lo que exigen las trabajadoras de plantas de proceso de la industria pesquera y salmonera del Biobío ante el proyecto de ley que modifica el fraccionamiento de las cuotas pesqueras. En la región, el empleo de 6.500 trabajadores está en riesgo, incluyendo a más de 3.000 mujeres que sostienen a sus familias con su trabajo. Los cambios propuestos en la distribución de recursos clave como la merluza común y el jurel afectarían directamente al sector industrial, generando un impacto significativo en las comunidades que dependen de esta actividad.
El proyecto de ley, actualmente en discusión en el Senado tras su aprobación en la Cámara de Diputados, busca modificar los porcentajes de distribución de recursos pesqueros. Para la merluza común, cuya cuota global asigna un 60% al sector industrial y un 40% al sector artesanal, la propuesta plantea invertir estos porcentajes, destinando un 70% al sector artesanal y reduciendo al 30% la cuota industrial en las zonas entre Coquimbo y Los Lagos. En el caso del jurel, cuya cuota industrial para 2024 es del 90,75%, el proyecto propone disminuirla a un rango de entre 65% y 75%, lo que tendría un impacto significativo en el empleo en la región.
“Este cambio de fraccionamiento, sobre todo en la merluza, reducirá los recursos para el sector industrial, lo que provocará el cierre de plantas de procesamiento y afectará directamente a las trabajadoras”, expresó Luisa Zapata Monsalves, vicepresidenta de la Asociación Gremial de Trabajadoras de Plantas de Proceso de la Industria Pesquera y Salmonera del Biobío.
“Como trabajadoras, especialmente de plantas de merluza común, seguimos muy preocupadas porque la autoridad no nos ha dado ninguna solución concreta. Seguiremos atentas, no queremos más excusas y no dudaremos en manifestarnos, porque es la única forma de que las autoridades regionales y nacionales realmente nos escuchen”, agregó.
Desde la asociación gremial advierten que, de aprobarse este proyecto en sus términos actuales, se verán obligadas a cerrar empresas claves como PacificBlu, que opera dos plantas procesadoras de merluza y dos barcos en la región, dejando sin empleo a más de 800 trabajadores directos.
Paola Sanhueza Brevis, presidenta de la misma asociación, destacó que el impacto sería devastador. “Nos preocupa profundamente la falta de soluciones concretas por parte de las autoridades y reiteramos que continuaremos con manifestaciones para visibilizar nuestra situación. Cualquier cambio que afecte esta actividad pone en riesgo a toda la cadena productiva y a las familias que dependen de ella. Ya vivimos esta situación con la Ley de la Jibia, que significó la pérdida de 3.000 empleos aproximadamente en Talcahuano, Coronel y Tomé”, afirmó.
Finalmente, las trabajadoras hicieron un llamado al Gobierno y al congreso a considerar el impacto social y económico del fraccionamiento propuesto. “Exigimos que se evalúe el daño que esta medida podría generar en una región donde las plantas de proceso son un importante motor de empleo femenino, especialmente en un gobierno que se declara feminista”, concluyó Sanhueza Brevis.
Equipo Prensa
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