La iniciativa busca emular regulaciones de otros países donde los despidos masivos deben justificarse desde el punto de vista técnico, económico, organizativo y/o productivo, para garantizar una transición justa.

A diferencia de otros países, Chile carece de una regulación que fije estándares y exigencias para los despidos masivos de personal. Por eso, un grupo de senadores presentó un proyecto que busca proteger a los trabajadores cuando las desvinculaciones afecten al 10% o más del total de trabajadores de la empresa y, en general, cuando haya más de mil personas en esta situación.

“El impacto que tendrá la ley dependerá de factores como el tamaño de la empresa, su sector económico, situación financiera y capacidad de adaptación al cambio. Pero, lo que se busca es proteger los derechos de las personas, garantizándoles una transición justa y una posible reinserción”, afirma Dubraska Jara, gerente de Operaciones de Adactiva.

El proyecto de ley -a la espera de indicaciones para su trámite en particular- considera el deber del empleador de iniciar un proceso de consulta previo a la implementación de los despidos, así como el deber de comunicar el inicio del proceso a la Dirección del Trabajo. Los despidos no podrán verificarse sino hasta concluido el proceso de consulta de 45 días hábiles, prorrogables por otros 45 días hábiles adicionales por la Dirección del Trabajo.

Junto con la consulta, los empleadores deberán procurar las herramientas necesarias para la reconversión y reinserción laboral de las personas afectadas por el proceso de despidos masivos. “Mientras algunos ven detrás de esta moción el objetivo de proteger los derechos de los trabajadores, puede que otros lo vean como algo contraproducente para la reactivación económica y la creación de empleos. Sin embargo, aún falta conocer las indicaciones. Así es que no hay que adelantarse”, explica Dubraska Jara, gerente de Operaciones de Adactiva.

De todos modos, es recomendable que las empresas medianas y grandes -que serían las realmente afectadas por los cambios en la normativa- se adelanten a la ley, evaluando sus procedimientos y manteniendo sus finanzas ordenadas para no tener que acudir al despido masivo de trabajadores, si no es estrictamente necesario.

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