- El Servicio de Evaluación Ambiental publicó a fines de 2023 la actualización de la Guía de Participación Ciudadana Anticipada (PACA) -lanzada en 2013- denominándose ahora Guía de Participación Ciudadana Temprana (PCT), la cual estandariza procesos y metodologías de participación y relacionamiento comunitario en el marco de proyectos de inversión que ingresan al SEIA, e integra los principios y criterios del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), al cual el Estado de Chile adhiere desde septiembre de 2022, asegurando avances en la garantía de los derechos de acceso que allí se consagran.
Esta guía está enfocada en el involucramiento de las comunidades en los procesos de elaboración, diseño y desarrollo de proyectos que se instalan en sus respectivos territorios. De esta forma, se busca mejorar las relaciones entre titulares y comunidades mediante nuevos estándares para los procesos participativos, y así también el aumento de la variable democrática en la toma de decisiones públicas y privadas al facilitar el involucramiento de la sociedad civil en el proceso.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Bases de Medio Ambiente y el proceso de Evaluación Ambiental para proyectos de inversión con impactos ambientales en Chile en 1994, los procesos tempranos de participación, es decir, el proceso de acercamiento, información y diálogo entre la empresa y las comunidades, antes del ingreso del proyecto al proceso de evaluación ambiental, han sido escasos en un período con considerables casos de conflictos entre comunidades y organizaciones, generando alarmas por la complejidad que esto implica en términos sociales, pero también por los costos y efectos en la viabilidad final de los proyectos.
La nueva guía de PCT pone especial énfasis en algunos principios del Acuerdo de Escazú, como el principio de igualdad y no discriminación, respecto al deber de aumentar los esfuerzos para la consideración de poblaciones vulnerables y minorías sociales cuya participación se ve dificultada por condiciones materiales o factores socioculturales. Además, el principio de máxima publicidad incentiva a titulares a diversificar las formas en las que realizan convocatorias o entregan información, adecuándolas al contexto de cada territorio, facilitando con ello el acceso a la información ambiental y a las instancias de participación.
Así, estos y otros principios que se desprenden del Acuerdo de Escazú, actualizan y estandarizan estos procesos para promover una participación más efectiva, evitando el conflicto, y garantizando, tanto a titulares como comunidades, un proceso con menos incertidumbres, y evitando modificaciones tardías al proyecto, las cuales equivalen a pérdidas económicas y proyectos fallidos.
Si bien la PCT sigue siendo un proceso voluntario para las empresas, se ha validado, dada la experiencia de las últimas décadas, como un proceso fundamental para dar mayor viabilidad a los proyectos de inversión, y en particular para darle una viabilidad y licencia social, sumándose así a los estándares internacionales.
Por nuestra experiencia de más de 9 años en el trabajo territorial, estamos convencidos de que el acercamiento a las comunidades debe basarse en la transparencia, el respeto y el diálogo constante. Por tanto, vemos con optimismo esta nueva incorporación, esperando que, a pesar de su carácter voluntario, sean muchas las empresas que decidan vincularse a través de procesos de participación ciudadana temprana.
Sebastián Videla Munita
Director Ejecutivo Nodo Chile
Equipo Prensa
Portal Innova
 -lanzada en 2013- denominándose ahora Guía de Participación Ciudadana Temprana (PCT), la cual estandariza procesos y metodologías de participación y relacionamiento comunitario en el marco de proyectos de inversión que ingresan al SEIA, e integra los principios y criterios del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), al cual el Estado de Chile adhiere desde septiembre de 2022, asegurando avances en la garantía de los derechos de acceso que allí se consagran.){kind=link}