Casi el 90% de las personas a nivel mundial cree que la violación del derecho a la privacidad de datos es uno de los peligros más importantes a los que se enfrentan en la actualidad.
La digitalización de los Estados y Gobiernos, es algo que desde hace un par de años ha tomado fuerza a nivel global, más aún con la pandemia que vino a acelerar todo los procesos de transformación tecnológica. En el caso nacional, incrementar la productividad, participación y beneficios es parte de lo que se busca, con datos más centralizados y herramientas que mejoren la vida a los ciudadanos. De hecho, según las cifras en marzo de 2022 más del 85% de los trámites de la administración central del Estado ya se encontraban digitalizados y para este 2023 el Gobierno aumentó el presupuesto destinado a este ítem en un 64%.
Y es que en enero pasado inició con más fuerza la carrera por la “Transformación Digital de Estado”, de acuerdo a la nueva Ley N° 21.180 que fue publicada en 2019 y entró en vigencia en junio de 2022 y que durante los próximos cinco años estará en fase de preparación e implementación con instituciones, digitalización, expedientes electrónicos, entre otros.
Ciberseguridad y protección de datos personales
En medio de esta materia, los expertos han puesto la alerta en los temas de ciberseguridad que significa este nuevo entorno virtual del Estado. Más aún cuando el año pasado hubo ciertos incidentes tales como el hackeo masivo al Estado Mayor Conjunto o al Ministerio de Justicia que pusieron en evidencia el bajo nivel de protección.
Desde NovaRed, empresa especialista en ciberseguridad, señalan que la mayoría de las organizaciones no protege adecuadamente sus datos y la situación en los organismos públicos tiende a ser aún peor. Considerando que el 2022 culminó con un alza de cerca de un 32% en ciberataques y que se estima que para este 2023 las ciberamenazas incrementarán en cerca de un 50%, la recomendación es no solo estar alerta, sino que tomar acción.
Según los expertos de NovaRed se debe acelerar el paso para que nuestras leyes se adecúen a los nuevos tiempos. “Y es que gran parte de nuestros datos personales están expuestos en diversas plataformas y son utilizados por organismos públicos, privados y de la ciudadanía. De ahí la necesidad de regular el resguardo de la información y estandarizar el uso de protocolos adecuados, pues en caso de filtraciones o el uso indebido supone riesgos significativos para la intimidad, derechos y libertades de las personas”, sostiene Miguel Pérez, CEO de la compañía.
“Cualquier persona puede ser víctima de una violación de datos por lo que la protección de la información personal debe ser un derecho garantizado y resguardado por ley. Cuando entendamos que el dato pertenece a cada persona y los derechos son individuales y no de las empresas que están operando los datos, vamos a empezar a avanzar más rápido”, concluyó el ejecutivo.
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